Herencia se suma a la relajación de la desescalada por tener menos de 10.000 habitantes

Herencia se suma a la relajación de la desescalada por tener menos de 10.000 habitantes

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este 22 de mayo de 2020 ha publicado la relajación de las medidas en las localidades de menos de 10.001 habitantes durante la fase 1 y fase 0 del actual Plan de desescalada para la «nueva normalidad» durante el estado de alarma por la pandemia del coronavirus.

Todas las poblaciones con menos de 10.001 habitantes y cuya densidad del municipio no supere los 100 habitantes por metro cuadrado. Podrán realizar deporte hasta 5 kilómetros  su alrededor. En caso de que esto afecte a otros pueblos, estos deberán estar en la misma fase y en las mismas condiciones. Recordando que Herencia está por debajo de los 9.000 habitantes actualmente.

También se elimina la limitación de que un solo adulto pueda salir a pasear con un máximo de tres menores de 14 años residentes en el mismo domicilio.

Aquí os dejamos un extracto de la publicación de BOE, que podéis descargar en PDF.

Desde el punto de vista de nuestra estructura demográfica, también hay que tener en cuenta la vulnerabilidad de los núcleos de menor densidad poblacional y menor número de habitantes, por razón de su mayor envejecimiento demográfico, en virtud de una creciente esperanza de vida. En los municipios con menos de 10.001 habitantes, casi uno de cada cuatro habitantes es mayor de 65 años -lo que supone 2,1 millones de personas en total-, y, más aún, en los 5.000 municipios con menos de 1.000 habitantes, en los que el treinta y uno por ciento de las personas tienen más de 65 años. De ahí que todas las medidas hayan de valorarse de acuerdo con la situación de cada municipio, debiendo primar el principio de precaución y la seguridad.

Si el reto demográfico supone un desafío para la sostenibilidad de nuestro Estado del Bienestar, al afectar a la cohesión social, la vertebración territorial y el modelo de convivencia, la pandemia y sus efectos sociales y económicos hacen que este desafío sea aún más intenso y urgente para una gran parte de nuestro país.

Hay que tener presente que los municipios de menor tamaño y baja densidad de población, ya antes de la crisis sanitaria, se encontraban, en su gran mayoría, en una situación de declive demográfico, caracterizado por un crecimiento vegetativo negativo y la salida de la población, especialmente de jóvenes y mujeres, así como con una fuerte necesidad de reforzar un tejido socioeconómico excesivamente débil a fin de fijar y atraer población mediante actividades diversas, provisión de bienes y servicios, y generación de empleos estables y de calidad.

Ciertamente, la fragilidad socioeconómica es un factor de vulnerabilidad de estos territorios, que ahora se ha visto agravado por el impacto que las restricciones a la movilidad y a la apertura de determinadas actividades económicas han tenido sobre el consumo y los sectores productivos.

En este sentido, resulta oportuno adaptar la estrategia de desescalada a las particularidades de estos municipios, para poder atender con flexibilidad a la singularidad de poblaciones rurales que, por razón de su dispersión, reducido tamaño o baja densidad poblacional, y que, a diferencia de núcleos urbanos con alta concentración de personas, permiten la realización de actividades que entrañan un menor riesgo derivado de aglomeraciones o del uso intensivo de los medios de transporte colectivo.

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Por todo lo anterior, en atención a la mejora de la situación epidemiológica, se pretende flexibilizar alguna de las restricciones aprobadas en distintas órdenes ministeriales para estos municipios de menor población y densidad, de modo que los municipios que se encuentren en unidades territoriales en fase 0 y 1 puedan acogerse a algunas de las medidas previstas para la fase 2, lo que sin duda contribuirá a que recuperen paulatinamente la vida cotidiana y la actividad económica.

Aun cuando los indicadores epidemiológicos señalen una menor incidencia de la pandemia en los pequeños municipios, cualquier medida que flexibilice las condiciones en estos núcleos ha de tener en cuenta el mayor riesgo en caso de que se produzcan rebrotes, por el superior envejecimiento demográfico y por la estructura de los servicios básicos disponibles, tanto públicos como privados.

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