En una tensa sesión de la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes de Castilla-La Mancha, el Fiscal Superior de la región, Emilio Manuel Fernández, desmintió categóricamente la existencia de una relación directa entre los delitos contra la libertad sexual y los Menores Extranjeros No Acompañados (menas). Esta aclaración surgió en respuesta a las afirmaciones del diputado de Vox, Iván Sánchez, quien durante su intervención había conectado ambos temas, provocando un acalorado debate.
Fernández enfatizó que no puede sustentar la idea de que los crímenes sexuales son predominantemente cometidos por menas, destacando que en la región la mayoría de estos delitos ocurren dentro del entorno familiar, y las cifras muestran que los autores no son principalmente extranjeros. Además, el fiscal subrayó que las víctimas, en su mayoría menores y principalmente niñas, son vulnerables independientemente de su origen.
Por su parte, Sánchez aprovechó su intervención para criticar las políticas de inmigración llevadas a cabo por los principales partidos, PP y PSOE. Sostuvo que estas políticas han llevado a un incremento en el número de personas que, según él, no ayudan a proteger a las mujeres, aportando datos sobre el auge de las agresiones sexuales en el país. Enfatizó la urgencia de proteger a las mujeres, especialmente a las jóvenes.
La discusión también abordó el proceso de verificación de edad de los menas. Sánchez criticó la eficacia del sistema, indicando que de doce casos analizados, solo dos fueron identificados como menores. Fernández respondió que este procedimiento es crucial para establecer el régimen de estancia de los implicados, añadiendo que ser catalogados como mayores no siempre conlleva su expulsión.
En el contexto del debate, la diputada del PP, Tania Andicoberry, expresó su preocupación por las cifras de violencia de género, sugiriendo que los actuales esfuerzos son insuficientes para enfrentar el problema. Fernández se unió a este punto, destacando que las retractaciones de las víctimas suelen estar motivadas por la prolongación de los procesos judiciales.
Desde el PSOE, el diputado Ángel Tomás Godoy subrayó la urgencia de abordar el aumento de los delitos sexuales, especialmente aquellos en los que están involucrados menores de 16 años. Propuso evaluar la implementación de medidas legislativas para asegurar la correcta identificación de usuarios en el entorno digital, una medida que Fernández reconoció como compleja pero necesaria ante el creciente desafío del cibercrimen. Esta propuesta subraya la necesidad de legislar en consonancia con las nuevas tecnologías para proteger a los menores y reducir la incidencia de estos delitos.
