El Partido Popular ha generado un intenso debate político al proponer una enmienda al nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que estipula mantener el número de diputados en las Cortes regionales dentro de una horquilla de 25 a 35. Esta propuesta contrasta significativamente con la del Partido Socialista, que sugiere un aumento a 59 diputados. Este anuncio fue realizado por el presidente del PP en la región, Paco Núñez, durante el Comité Ejecutivo Regional que tuvo lugar este jueves en Ciudad Real.
Durante su intervención, Núñez destacó que existe un «principio de acuerdo» entre el PSOE y el PP que establece que cualquier cambio en la legislación electoral debe ser consensuado por ambas formaciones políticas. Afirmó categóricamente que «no es momento de tocarla», haciendo referencia a la normativa actual. El presidente del PP argumentó que su partido busca limitar el número de diputados a cifras que considera razonables, en lugar de aceptar lo que describió como una propuesta excesiva por parte del Partido Socialista.
Núñez expresó su esperanza de que el PSOE acoja favorablemente esta enmienda y no plantee objeciones para su aprobación. Además, anunció que el Partido Popular ha presentado un total de 41 enmiendas con el objetivo de mejorar el estatuto. Destacó que «la gran mayoría» de dichas enmiendas coinciden con propuestas de otros grupos políticos presentes en las Cortes de Castilla-La Mancha.
El anuncio de la enmienda ha generado reacciones encontradas. Los defensores de la propuesta del PP argumentan que una reducción en el número de diputados podría conducir a una gestión más eficiente y menos onerosa de las Cortes. Por otro lado, los críticos sostienen que una mayor representación de diputados, como propone el PSOE, garantizaría una diversidad de voces y opiniones en el parlamento regional.
Por lo pronto, el debate continúa abierto, y ambas formaciones políticas deberán trabajar para encontrar un equilibrio que satisfaga a las diferentes sensibilidades dentro y fuera de la región. La negociación de las modificaciones en el Estatuto de Autonomía y las leyes electorales promete ser un proceso complejo y prolongado, con importantes implicaciones para el futuro político e institucional de Castilla-La Mancha.
