La Audiencia Provincial de Toledo se convierte en el escenario de un juicio crucial que tendrá lugar este martes, 5 de noviembre. L.S.P.L., un empresario del sector de la construcción originario de Illescas, se enfrenta a seria acusaciones de fraude contra la Seguridad Social, un caso que abarca actividades ilícitas presuntamente realizadas entre los años 2015 y 2018. La suma de este fraude asciende a 397.319,29 euros, según los cargos presentados. La Fiscalía ha solicitado una pena de cuatro años de prisión para el empresario, junto con una considerable multa de 1.531.786,36 euros.
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, detalla que L.S.P.L. adquirió una empresa constructora en 2009 y trabajó como autónomo en la construcción de viviendas residenciales desde 2014 hasta 2018. Durante este tiempo, el empresario presuntamente dejó de ingresar las cuotas correspondientes al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), acumulando una deuda de 10.099,78 euros desde julio de 2015 hasta julio de 2018.
Las acusaciones subrayan que L.S.P.L., a pesar de conocer sus responsabilidades con la Seguridad Social, habría optado por no cumplir con las cotizaciones de sus empleados. La deuda acumulada por estas cotizaciones alcanza los 382.946,59 euros, una cifra que, con el añadido de intereses y recargos, se eleva a 387.209,51 euros. A lo largo del proceso, se ha indicado que el empresario no tomó medidas para regularizar esta situación, como podrían haber sido la solicitud de aplazamientos o recursos de financiamiento alternativo.
La Fiscalía también ha señalado la presencia de varios trabajadores que fueron dados de alta sin que el acusado cumpliera con sus deberes de cotización, lo que se considera un delito agravado y justifica la severidad de la pena propuesta. La condena, de dictarse, no solo incluiría prisión y multa, sino también la inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la posibilidad de una responsabilidad subsidiaria en caso de impago.
Por último, la Fiscalía ha solicitado que el acusado indemnice a la Tesorería General de la Seguridad Social con la suma de 398.046,37 euros, además de los intereses de demora pertinentes, en concepto de responsabilidad civil. Con la apertura del juicio, la situación legal de L.S.P.L. se encuentra en un momento decisivo mientras se aguarda el desarrollo y eventual desenlace de las audiencias.
