El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha desvelado su propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica, con el firme propósito de garantizar una distribución más equitativa de recursos entre todas las comunidades autónomas, fortalecer los servicios públicos y equilibrar el principio de solidaridad con un reconocimiento a las particularidades territoriales. Este anuncio llega en un delicado contexto político, ya que evita mencionar el acuerdo previamente alcanzado con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) durante el proceso de investidura de Salvador Illa. Este pacto ha generado críticas internas, principalmente de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha.
Según se detalla en la ponencia marco del PSOE para el 41º Congreso Federal, a la que tuvo acceso Europa Press, el nuevo modelo de financiación busca establecer una distribución «más justa», evitando el riesgo de ‘dumping fiscal’, una táctica que el partido ha criticado reiteradamente, en especial la utilizada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid bajo la dirección de Isabel Díaz Ayuso. En este contexto fiscal, se propone la creación de un «auténtico fondo autonómico para la reindustrialización» y una convergencia de las rentas entre comunidades. Además, se prioriza la lucha contra la evasión fiscal de grandes patrimonios, sugiriendo la introducción de un tipo marginal del 50% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para aquellos cuyas ganancias superen los 300.000 euros anuales.
A nivel de Europa, los socialistas llaman a una intensificación de la «unión política y fiscal», además de proponer mayor «cesión de soberanía» en áreas clave, con el fin de aumentar los recursos gestionados por la Unión Europea, ampliar las prestaciones sociales y establecer un «pasaporte común» para todos los ciudadanos europeos.
En términos económicos, la propuesta socialista también aborda la problemática del uso habitacional, con la intención de prohibir la conversión de viviendas residenciales en alojamientos turísticos temporales en zonas de alta demanda, pretendiendo con ello «desincentivar la especulación» y salvaguardar el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna.
Finalmente, el PSOE ha lanzado la idea de establecer un «fondo de resiliencia frente a la justicia climática», diseñado para proteger a las comunidades y personas más vulnerables, especialmente en áreas rurales y costeras, y fomentar una transición ecológica justa en las actividades económicas que se vean afectadas por el cambio climático. Esta propuesta subraya el compromiso del partido con una transición que no deje atrás a los sectores más desfavorecidos mientras avanza hacia un modelo económico más sostenible.
