El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso decisivo hacia la modernización de la formación profesional en la comunidad autónoma mediante la aprobación de una modificación en más de 165 decretos. Esta medida tiene como objetivo principal adaptarse a la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de Formación Profesional e implementar la modalidad de Formación Profesional Dual, posicionando a Castilla-La Mancha como la segunda región en España en adoptar este modelo, siguiendo los pasos del País Vasco.
La consejera portavoz, Esther Padilla, fue la encargada de comunicar estas innovaciones durante una rueda de prensa en el emblemático Palacio de Fuensalida. Durante su intervención, Padilla enfatizó la repercusión que esta adaptación tendrá tanto en el ámbito educativo como en el mercado laboral de Castilla-La Mancha. Según lo programado, con el inicio del curso académico 2024-2025, los planes de estudios en la modalidad dual estarán operativos, con el potencial de beneficiar a más de 44.400 estudiantes distribuidos en 425 centros educativos de toda la región.
Padilla destacó que este nuevo enfoque educativo aborda de manera efectiva el desafío de la escasez de personal cualificado en determinados sectores económicos, al tiempo que refuerza la inserción laboral de los jóvenes. «Con este sistema, solucionamos una cuestión vital relacionada con la inserción y la respuesta adecuada al mercado laboral», aseguró. Además, la consejera señaló que la formación dual amplía las perspectivas de empleo para los estudiantes, generando beneficios directos tanto para las empresas como para la comunidad en su conjunto.
Entre las innovaciones introducidas con la Formación Profesional Dual, Padilla resaltó el aumento de 100 horas en las prácticas incluidas en los planes de estudio, elevando así el total de 400 a 500 horas. Esta ampliación en la duración de las prácticas es un esfuerzo por garantizar una mejor preparación y experiencia para los estudiantes. Asimismo, se ha implementado la cotización del alumnado en prácticas a la Seguridad Social, lo cual supone un avance considerable en la protección social de estos futuros profesionales, aportando un nivel adicional de seguridad y estabilidad a su formación.
