Toledo, 12 de noviembre de 2024.- En un acto celebrado hoy en la capital manchega, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha proporcionado detalles sobre la nueva Ley de Universidades que se presentará para consulta pública en enero del próximo año. Este anuncio llega en un momento crucial para el sistema educativo regional y busca crear un marco regulador más robusto que evite las fluctuaciones potencialmente perjudiciales para el ecosistema universitario.
Durante la firma de convenios entre el gobierno autonómico y las universidades de Castilla-La Mancha y Alcalá, García-Page subrayó la importancia de regular la participación del sector privado en el ámbito universitario. Su objetivo es establecer un modelo operativo eficiente que atienda las demandas de la sociedad actual, así como mejorar la capacidad de adaptación de las universidades a un mundo cada vez más cambiante y dinámico.
Una de las iniciativas destacadas en los convenios es la introducción de 2.500 microcredenciales, diseñadas para satisfacer las necesidades de un mercado laboral en constante evolución. Esta medida pretende ofrecer a los estudiantes una formación más flexible y adaptable, alineada con las transformaciones económicas y tecnológicas globales.
En la misma jornada, García-Page trajo noticias alentadoras para la comunidad educativa del municipio de Letur, al anunciar la reapertura del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Nuestra Señora de la Asunción. Esta escuela había cerrado temporalmente, forzando la reubicación de sus alumnos. Su reanudación de actividades promete brindar estabilidad tanto a los estudiantes como a sus familias.
Finalmente, el presidente autonómico expresó su compromiso de impulsar una agenda común a nivel nacional para tratar temas fundamentales para el avance del país. En particular, destacó la necesaria armonización de los sistemas operativos en servicios de salud autónomos, lo que permitiría un intercambio de información más efectivo y eficiente entre las comunidades autónomas. Con esta agenda, García-Page busca no solo avanzar en el ámbito educativo, sino también mejorar el acceso y la interoperabilidad de los servicios públicos esenciales.
