En un contexto de creciente preocupación por la sostenibilidad y el medio ambiente, Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha ha alzado su voz en contra del anteproyecto de Ley regional de Simplificación y Agilización Administrativa. La organización asegura que la nueva normativa, actualmente en discusión, podría mermar significativamente las garantías medioambientales en la aprobación de proyectos de diversa índole. Según han explicado, el control y supervisión de estos proyectos, hasta ahora en manos de la administración pública, podría delegarse a entidades privadas, lo que consideran un riesgo para el interés público.
La introducción de estas «entidades colaboradoras de la Administración» ha sido descrita por el colectivo ecologista como una «clara dejación de funciones» por parte del gobierno regional. La preocupación radica en el posible impacto negativo de los proyectos que afectan al medio ambiente si su supervisión queda en manos privadas. Ecologistas en Acción recuerda que en sectores como sanidad, educación y atención a ancianos, experiencias similares no han llevado a una mejora en la eficiencia de los servicios ofrecidos.
Uno de los puntos críticos señalados por la organización es que para que una entidad privada actúe como colaboradora, solo se requeriría una declaración responsable. Este umbral, según los ecologistas, es demasiado bajo para garantizar una supervisión efectiva y adecuada de los proyectos, en especial aquellos con repercusiones medioambientales. Proponen que el control continúe siendo realizado por empleados públicos, que poseen el conocimiento y la competencia necesaria para llevar a cabo esta tarea de manera óptima.
Otra de las preocupaciones expresadas por Ecologistas en Acción es el tratamiento que la nueva ley podría dar al silencio administrativo. Al dotar de significado positivo estos silencios, la norma podría facilitar la aprobación automática de proyectos sin la evaluación apropiada, alertan. Por ello, la ONG insiste en que el silencio administrativo, en cuestiones de autorizaciones de alto impacto, debería ser interpretado de forma negativa.
El anteproyecto de ley también contempla la reducción de los plazos administrativos, lo cual podría restringir los periodos destinados a la información pública y a la participación ciudadana, según critica la organización. Ecologistas en Acción teme que, de concretarse esta normativa, los mecanismos de reclamación ciudadana podrían ser diseñados por las propias entidades colaboradoras, aumentando el riesgo de situaciones injustas para los ciudadanos.
En su análisis, la ONG ha identificado que cinco de las nueve normativas afectadas por la propuesta legislativa tienen vínculos directos con competencias ambientales o de desarrollo sostenible, incluyendo áreas esenciales como urbanismo, gestión forestal, caza, contaminación y evaluaciones ambientales estratégicas. Aunque reconocen la necesidad de agilizar procesos administrativos, enfatizan que esto debe realizarse sin comprometer el principio de no regresión en temas ambientales, garantizando siempre el carácter público de estos servicios. La organización llama a una acción decisiva que promueva una adecuada protección ambiental y la preservación de los recursos naturales para las generaciones futuras.
