UGT C-LM Prioriza Fortalecer Servicios Públicos, Empleo y Reducir Siniestralidad Laboral en las Cuentas de 2025

Fortalecer servicios públicos, empleo y atajar siniestralidad laboral, preocupaciones de UGT C-LM en las cuentas de 2025

Este viernes, la Unión General de Trabajadores (UGT) de Castilla-La Mancha ha manifestado su preocupación e interés hacia diversos aspectos del Proyecto de Ley de Presupuestos de la región para 2025. El sindicato ha enfatizado la importancia de fortalecer los servicios públicos, fomentar la creación de empleo y abordar la siniestralidad laboral. Patricia Ruiz Martínez, presidenta de la Comisión Gestora de UGT en la región, expuso estas inquietudes tras una reunión con el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la cual se presentó el mencionado documento.

Ruiz Martínez ha calificado los presupuestos como «positivos», destacando los esfuerzos por «reformar el Estado del Bienestar» a través de significativas partidas en áreas de sanidad, educación y servicios sociales. Para ella, es esencial mejorar los servicios públicos, un compromiso que el sindicato está dispuesto a asumir, especialmente tras los daños que la reciente DANA causó en varios municipios de la región.

En cuanto a la creación de empleo, UGT considera «destacable» la propuesta del presupuesto para 2025, que busca promover la generación de nuevos puestos de trabajo. Ruiz Martínez aseguró que su organización continuará aportando ideas y colaborando en acciones que impulsen el mercado laboral, apoyando tanto a demandantes de empleo como a empresas.

El diálogo social es, para UGT, un elemento esencial en la implementación de políticas activas de empleo. En este sentido, la presidenta valoró favorablemente los 40 millones de euros destinados a programas duales de formación, destacando su potencial para mejorar la situación del desempleo en la comunidad.

Un tema que preocupa especialmente al sindicato es la siniestralidad laboral, con 43 fallecidos reportados en Castilla-La Mancha entre enero y septiembre de 2024, una cifra que califican de «no solo preocupante sino inaceptable». Ruiz Martínez abogó por la creación de un Instituto de Salud Laboral y Seguridad en el Trabajo, esperando que en 2025 este instituto tenga «un desarrollo potente, necesario y adecuado» para mejorar estas cifras.

UGT también mostró interés en el refuerzo de los servicios públicos en el sector de residencias de ancianos y el cuidado de mayores, subrayando la importancia de garantizar salarios dignos en este ámbito. Respecto al transporte sanitario, manifestó confianza en que el Gobierno regional atenderá las demandas de los trabajadores. En cuanto al sector de la salud, la líder sindical mencionó las «largas, insoportables y dañinas listas de espera» en Castilla-La Mancha, aspirando a que las nuevas medidas contribuyan a reducirlas, mientras solicitó atención a la carrera profesional de los trabajadores sanitarios.

Patricia Ruiz concluyó resaltando que la financiación de cada comunidad debe ser equitativa, asegurando servicios públicos iguales para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia. No obstante, hizo hincapié en la necesidad de una política fiscal que contemple la contribución a través de impuestos para garantizar estos servicios.

Por su parte, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, comentó que en su encuentro se centraron en las partidas destinadas al gasto social e infraestructuras, con más de 284 millones de euros previstos para mejorar los servicios públicos esenciales. Este presupuesto busca avanzar en las infraestructuras sanitarias, como los hospitales de Albacete y Puertollano, y en centros de salud y consultorios locales. También se incrementarán los recursos asistenciales en servicios sociales, especialmente para personas mayores y con discapacidad, con el propósito de contar con más centros de día y residencias adecuadas a los tiempos actuales.

Finalmente, Ruiz Molina destacó las partidas relacionadas con el reto demográfico y las iniciativas frente a la despoblación, que suman más de 2.000 millones de euros, un incremento del 6% respecto al ejercicio anterior, con el objetivo de garantizar condiciones de igualdad en el acceso a derechos fundamentales para todos los ciudadanos de la región.

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