En un notable avance para el sistema universitario de España, José Antonio Castro, director general de Universidades, Investigación e Innovación, ha participado en la creación de una mesa de trabajo en Madrid. Esta iniciativa, respaldada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, tiene como objetivo principal destinar el uno por ciento del PIB nacional a la financiación pública de las universidades. En este esfuerzo colaborativo estarán involucrados representantes de todas las comunidades autónomas y una delegación de la Conferencia de Rectores y Rectoras de la Universidad Española (CRUE), según ha comunicado la Junta de manera oficial.
La nueva comisión tiene la tarea de debatir y consensuar un conjunto de propuestas que puedan definir un modelo de financiación pública para las universidades. Las iniciativas serán presentadas a la Conferencia Sectorial de Política Universitaria y se enfocarán en establecer principios, mecanismos e instrumentos claves para cumplir con el objetivo de financiación señalado por la normativa vigente.
Durante su intervención, José Antonio Castro destacó la importancia de la participación de Castilla-La Mancha en esta comisión. Subrayó los esfuerzos del Gobierno autonómico en incrementar el financiamiento público destinado a las universidades en cada ejercicio presupuestario. Esto ha sido posible gracias a contratos programas con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Universidad de Alcalá (UAH), así como a través de políticas públicas que garantizan un presupuesto adecuado, que para este ejercicio supera los 246 millones de euros, mencionó Castro.
Asimismo, el director general resaltó que la nueva Ley de Universidades de Castilla-La Mancha está diseñada para fomentar la autonomía institucional, lo que permitirá una gestión más flexible y eficiente. Este marco legal ofrecerá a las universidades la posibilidad de operar con modelos plurianuales de financiación, facilitando una planificación a largo plazo y una mejora en la rendición de cuentas en el sector. Con estas medidas integrales, se pretende asegurar un sistema universitario más robusto y adaptable, que pueda responder efectivamente a las demandas actuales y futuras de la sociedad.
