Toledo se prepara para enfrentar una complicada situación en el ámbito del transporte debido a la convocatoria de huelga en el transporte público regular de viajeros anunciada por Comisiones Obreras (CCOO) y la Confederación General del Trabajo (CGT). La huelga está programada para iniciar el lunes 9 de diciembre y se ha previsto que continúe de manera indefinida desde el 23 de diciembre. En respuesta, la Consejería de Fomento ha decidido mantener todas las rutas de transporte escolar activas, según se detalla en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
La orden emitida por la consejería establece servicios mínimos para el transporte regular de viajeros, especialmente durante las franjas horarias de alta demanda, que comprenden de 6.00 a 9.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas, con un 40% de las expediciones aseguradas. En las horas restantes se garantizan un 20% de los viajes habituales, buscando así minimizar las afectaciones para los usuarios diarios de este servicio.
En el ámbito del transporte escolar, la normativa asegura la continuidad de todas las rutas que partan o hagan escala en zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, así como aquellas rutas que transportan a centros de educación especial. De esta forma, se prioriza el derecho a la educación de todos los alumnos, a la vez que se respeta el derecho a huelga de los trabajadores.
Actualmente, Castilla-La Mancha cuenta con un total de 1,022 rutas escolares, de las cuales aproximadamente 692 son operadas por autobuses, transportando a 23,400 estudiantes. La normativa también prevé el mantenimiento de servicios progresivos para el transporte público regular: una ida y vuelta para rutas de 1 a 6 expediciones completas, dos para aquellas con 6 a 10 expediciones, y el mencionado 40% y 20% para más de diez expediciones durante las horas de alta y baja demanda, respectivamente.
Es crucial destacar que las rutas que transporten tanto viajeros de uso general como escolar especial se considerarán servicios regulares de uso especial. Además, cualquier interrupción o alteración por parte de los trabajadores designados para los servicios mínimos será tratada como ilegal, con la selección de estos empleados delegada a las empresas involucradas.
La nueva normativa, que entra en vigor este jueves, permite la interposición de un recurso de reposición ante el consejero de Fomento dentro de un mes, o un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en un plazo de dos meses tras su publicación. Con estas medidas, se busca equilibrar las necesidades de los usuarios con los derechos laborales de los trabajadores inmersos en el conflicto laboral actual.