El Tribunal Constitucional (TC) ha dado un paso significativo al admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por diversas comunidades autónomas, principalmente lideradas por el Partido Popular (PP), además del recurso interpuesto por el Gobierno socialista de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha. Esta decisión también incluye las cuestiones legales planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en torno a la polémica ley de amnistía. Según fuentes del propio tribunal, esta iniciativa judicial busca cuestionar la legalidad de una norma que ha generado un intenso debate político y social, particularmente en relación con los implicados en el ‘procés’ catalán.
Durante la sesión plenaria celebrada este martes, el Pleno del TC examinó la admisibilidad de los recursos propuestos por los ejecutivos regionales de Aragón, Madrid, Galicia, Andalucía, Valencia, Extremadura, La Rioja, Islas Baleares, Castilla y León, Cantabria y Murcia. Estas acciones legales reflejan una estrategia coordinada para confrontar una ley que, según los detractores, podría tener profundas implicaciones en el orden constitucional de España. Cabe destacar que el Gobierno de Aragón ya había presentado un recurso que fue admitido con anterioridad, lo que sentó un precedente en cuanto a la legitimidad de las comunidades autónomas para desafiar directamente leyes estatales ante el Tribunal Constitucional.
El proceso se contextualiza en medio de una creciente controversia en torno a la amnistía, con el primer recurso admitido proveniente de diputados del PP, subrayando el ambiente de fricción dentro del panorama político español. La admisión a trámite de dos de las tres cuestiones de inconstitucionalidad impulsadas por el TSJ catalán representa otro enfoque crítico respecto a la ley. Sin embargo, una de estas cuestiones permanece pendiente, ya que se encuentra bajo evaluación del fiscal tras ser planteada conjuntamente con una consulta prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La reciente reunión del Pleno del TC, última del año, ha tratado de manera exhaustiva todos los asuntos presentados en torno a la ley de amnistía, excepto por la cuestión aún pendiente del TSJC. Dado el liderazgo del tribunal en controlar la constitucionalidad de las leyes vigentes en España, su futura decisión tendrá repercusiones significativas. A la vista de los acontecimientos, se anticipa que la resolución final sobre la constitucionalidad de la polémica ley no verá la luz hasta el año 2025, lo que deja el debate abierto y sujeto a múltiples interpretaciones mientras el país se prepara para un prolongado proceso legal.
