La Diputación Provincial de Guadalajara ha dado luz verde al presupuesto del año 2025, que asciende a un total de 91,1 millones de euros, tras una sesión plenaria llena de debates y desacuerdos. Este nuevo presupuesto, que refleja un incremento de 3,5 millones respecto al ejercicio anterior, se ha aprobado únicamente con los votos del equipo de Gobierno del PSOE, mientras que tanto Vox como el Partido Popular (PP) han manifestado su rechazo al mismo.
La vicepresidenta de la Diputación y diputada de Economía y Hacienda, Susana Alcalde, ha subrayado que el objetivo principal de estas cuentas es apoyar a los ayuntamientos mediante inversiones que sean innovadoras y acordes a sus necesidades. En este sentido, más de 25 millones de euros, lo que representa el 27,4% del presupuesto total, se destinarán a mejorar las infraestructuras y servicios de los municipios.
El pleno estuvo marcado por las críticas de la oposición. Román García, portavoz del Grupo Popular, describió el presupuesto como «falto de ambición y engañoso», argumentando que estos recursos priorizan la obediencia a la Junta de Comunidades y cuestionan los beneficios otorgados al municipio de Mondéjar, gobernado por José Luis Vega, presidente de la Diputación. Desde Vox, el portavoz José Luis Arcángel criticó el presupuesto por «incumplir la regla de gasto» y lo catalogó como «pan y circo», opinando que el plan presentado no conseguirá mejorar las condiciones de los habitantes de Guadalajara.
El debate se avivó cuando la diputada Susana Alcalde defendió la inclusión de Mondéjar en las ayudas, replicando a las acusaciones de favoritismo y asegurando que la administración actúa con transparencia e igualdad. José Luis Vega, por su parte, invitó al portavoz del PP a proponer formalmente la exclusión de Mondéjar si realmente lo considera necesario.
Además del presupuesto, la sesión plenaria vio la aprobación de la creación de una nueva plaza de auxiliar de Protocolo con 15 votos favorables provenientes del PSOE y Vox, y la abstención del PP. Asimismo, se aprobó el techo de gasto fijado en 90,4 millones de euros, a pesar de las críticas de los grupos de derecha.
Esta nueva etapa presupuestaria pretende trazar una hoja de ruta que atienda las aspiraciones de la provincia de Guadalajara y los compromisos con los diferentes pueblos y sectores productivos, mientras la polémica y las divergencias políticas continúan teniendo eco en el seno de la administración provincial.
