La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha manifestado su inquietud ante la reciente solicitud de dimisión presentada por los sindicatos, que surge a raíz de la negativa de la Junta a entablar negociaciones sobre el reglamento de los agentes medioambientales. En un intento por calmar las aguas, Gómez expresó su intención de alcanzar un acuerdo con los representantes de los trabajadores, haciendo hincapié en la relevancia de mantener un diálogo abierto durante este proceso.
Durante una rueda de prensa celebrada después del Consejo de Gobierno, la consejera señaló que, al consultar a los más de 530 agentes medioambientales que operan en la región, es posible que la perspectiva de muchos de ellos no coincida con la postura adoptada por los sindicatos. Gómez subrayó que, en la actualidad, los agentes disponen de más recursos que nunca para desempeñar sus funciones adecuadamente.
En un contexto marcado por la reciente ley promulgada por el Gobierno de España relativa a los agentes forestales y medioambientales, la cual impone un plazo de un año a las comunidades autónomas para su implementación, la Consejería ha propuesto una modificación del reglamento regional. Esta iniciativa busca optimizar la distribución de los agentes en las diversas demarcaciones territoriales sin afectar el número de efectivos necesarios.
Gómez destacó que, además de los agentes que ya están operativos, el objetivo es incrementar su número en el futuro, coincidiendo en este aspecto con las reivindicaciones sindicales, ya que su labor es crucial para la protección del entorno natural y medioambiental.
La consejera aclaró que hasta el momento no se ha iniciado ninguna negociación formal, una tarea que recae sobre la Mesa de la Función Pública. Sin embargo, resaltó que la elaboración de un reglamento implica un decreto que requiere una fase de información pública, la cual ya está en marcha.
Finalmente, Gómez instó a los sindicatos a presentar sus propuestas dentro del marco de negociación establecido para la función pública, asegurando que estas serán evaluadas y consideradas. «Este Gobierno valora el diálogo y la transparencia», concluyó, reafirmando su compromiso de lograr un consenso con todos los sindicatos en el plazo de un año estipulado para la implementación del nuevo reglamento.
