La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Cuenca ha expresado su profunda preocupación y descontento ante la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ratifica el cierre del ferrocarril convencional en el tramo Tarancón-Utiel. Esta sentencia, emitida el pasado 17 de diciembre, desestimó el recurso presentado por varios ayuntamientos afectados por la medida, la cual había sido decretada por el Consejo de Ministros en febrero de este año.
En su comunicado oficial, la Plataforma ha destacado que una sentencia judicial debe mantener una clara neutralidad política. Sin embargo, consideran que la decisión del Tribunal Supremo simplemente legitima el denominado Plan X Cuenca, un proyecto gubernamental que, según ellos, utiliza de manera partidista los recursos públicos al favorecer la alta velocidad en detrimento del transporte local. Critican este plan al señalarlo como una solución inadecuada que refleja el desinterés del Estado por las reales necesidades de transporte de la provincia.
La Plataforma argumenta que el Plan X se basa en un protocolo no vinculante, negociado y firmado por cuatro administraciones bajo la dirección del PSOE, que se dio sin consultar a otras comunidades autónomas ni a muchos ayuntamientos. Destacan además la exclusión de organizaciones sindicales y de la ciudadanía en general, hechos que, según ellos, incumplen los procedimientos obligatorios de información pública.
A la luz de esta situación, la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Cuenca reafirma su compromiso con la lucha por una infraestructura ferroviaria que sea digna y esté modernizada, ajustándose a las verdaderas necesidades de los habitantes de la provincia. Asimismo, han hecho un vehemente llamado a los ciudadanos para que no cedan en su demanda de recuperar los servicios públicos ferroviarios que consideran esenciales.
La controversia en torno al Plan X Cuenca y el cierre del tramo ferroviario mencionado subraya las tensiones entre el desarrollo de infraestructuras de alta velocidad y el mantenimiento de servicios que históricamente han sido vitales para las comunidades locales. La respuesta de la Plataforma refleja una preocupación más amplia sobre cómo se priorizan y distribuyen los recursos en el marco de decisiones políticas que afectan de manera significativa el tejido social y económico regional.
