La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha desvelado los pormenores del reciente decreto enfocado en la gestión de purines en las explotaciones porcinas de la región. Esta reglamentación, que entrará en vigor este sábado con su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, plantea medidas más rigurosas para el manejo de residuos en los estercoleros, imponiendo la condición de que estos se localicen a una distancia superior a 2.000 metros de las zonas urbanas.
Entre las disposiciones más relevantes del decreto se encuentra la prohibición del uso directo de purines para su valorización agronómica sin un tratamiento previo. Esta nueva normativa responde a las numerosas quejas de municipios afectados por los olores y la contaminación del suelo derivados de las explotaciones porcinas.
Según ha indicado Gómez, actualmente existen 61 explotaciones que se encuentran en moratoria a la espera de la implementación de esta regulación. El gobierno regional tiene la responsabilidad de informar a los ayuntamientos, empresarios y promotores sobre esta nueva legislación, que impacta a un total de 1.258 explotaciones en Castilla-La Mancha, de las cuales 326 ya disponen de la autorización ambiental integrada.
El origen de este decreto es la moratoria impuesta por la ley 1/2022, la cual suspendió nuevas solicitudes de concesión mientras se desarrollaba una transformación integral del sector porcino y se actualizaba el sistema de gestión de residuos. Para su elaboración, se constituyó un equipo técnico y científico que trabajó en conjunta colaboración con organizaciones agrarias, grupos conservacionistas y plataformas vecinales, con el objetivo de atender las problemáticas actuales y fomentar la transparencia en el tratamiento de purines.
Este decreto contempla diversas innovaciones técnicas, tales como la implementación de prensas centrífugas, digestión anaerobia y aerobia, compostaje, entre otras metodologías avanzadas dirigidas a optimizar el procesamiento de los purines. Cabe destacar la prohibición del uso de estos residuos durante julio y agosto, con la finalidad de evitar la propagación de olores desagradables.
El decreto también prevé ciertas excepciones significativas, particularmente para la ganadería extensiva y explotaciones familiares, las cuales dispondrán de plazos más dilatados para efectuar la adaptación. Además, las explotaciones con menos de 240 Unidades Ganaderas y aquellas que ya cuentan con autorización gozarán de periodos de exención para adecuarse a la nueva normativa.
La consejera ha asegurado que se pondrán a disposición ayudas para facilitar a los ganaderos la adopción de nuevas tecnologías. Igualmente, se prohibirá la recepción de purines procedentes de otras comunidades autónomas con fines de valorización en el territorio de Castilla-La Mancha.
El Gobierno de Castilla-La Mancha se encuentra comprometido con un plan de biometanización de cara al año 2030, con la aspiración de ofrecer fertilizantes de alta calidad a los agricultores, promoviendo así un uso responsable de la materia orgánica y disminuyendo la dependencia de fertilizantes minerales, los cuales contribuyen a la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas.
Gómez ha destacado la relevancia de esta normativa y las medidas de seguimiento que la acompañarán, las cuales incluirán la participación de representantes de la Universidad de Castilla-La Mancha y grupos conservacionistas, para asegurar el cumplimiento de los planes de gestión de estiércoles y la adopción de prácticas óptimas en el sector.
El sector porcino de la región aporta el 18% del PIB y genera 33.000 empleos, con una producción total de carne que asciende a 400.000 toneladas. La consejera concluyó subrayando que el principal objetivo de este nuevo decreto es asegurar una gestión adecuada de los purines, minimizando así los efectos negativos para la población y el medio ambiente.
