Desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno español, se ha intensificado el proceso de traspaso de competencias a las comunidades autónomas. Desde 2018, se han materializado cerca de 30 transferencias, con el País Vasco destacando como el principal beneficiado, al haber conseguido 16 de ellas, incluidas cinco en 2024. Esta cifra coloca a Euskadi en una posición destacada, acumulando casi el 60% de las competencias transferidas desde la llegada del socialista al Ejecutivo tras la moción de censura.
El último acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el ejecutivo vasco, liderado por el lehendakari Imanol Pradales, incluyó competencias sobre la gestión del litoral y la cinematografía. Además, con una planificación a futuro, se han programado cuatro transferencias adicionales para el presente año y una veintena más para 2025, entre las que se encuentra la importante gestión de la Seguridad Social.
Este año, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, transfirió a la policía autonómica vasca, la Ertzaintza, competencias sobre el orden público en puertos y aeropuertos, manteniendo la participación de la Policía y la Guardia Civil en áreas como extranjería y fraude fiscal. Entre las transferencias previas al País Vasco se incluyen la gestión penitenciaria, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el servicio de Cercanías, y varias otras.
Por su parte, Cataluña ha logrado obtener el control del IMV y ha visto ampliaciones en la provisión de medios para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Las negociaciones continúan para lograr transferencias significativas en temas como la gestión de Rodalies y competencias sobre becas. Recientemente, los Mossos d’Esquadra obtuvieron la tarea de investigar delitos medioambientales a partir de un acuerdo en la Junta de Seguridad de Cataluña.
Navarra ha destacado por recibir la sanidad penitenciaria, el IMV y la competencia de tráfico, aunque esta última sufrió modificaciones debido a un fallo del Tribunal Supremo. La Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias también han recibido nuevas competencias, aunque en estos dos últimos casos han expresado insatisfacción por la percepción de que estas transferencias no fueron completas.
En Galicia, se espera un avance significativo con la gestión del litoral, que sería el primer traspaso desde 2008. La Comunidad de Madrid, en tanto, consiguió una ampliación en asistencia sanitaria. Sin embargo, diez comunidades se encuentran aún sin recibir nuevas competencias desde 2018, aunque algunas han negociado cesiones impositivas, como el controvertido impuesto de residuos.
Desde el inicio del periodo autonómico en 1978 hasta 2024, el Ministerio de Política Territorial informa que se han llevado a cabo un total de 2.017 traspasos a las comunidades y ciudades autónomas, con Cataluña a la cabeza con 192 transferencias, seguida de Andalucía y Galicia, cada una con 155. Este continuo proceso refleja la persistente evolución del modelo autonómico en España, adaptándose a las necesidades y demandas de cada comunidad en este complejo entramado político-administrativo.
