El Instituto Vasco de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora ha tomado la iniciativa de emprender una misión de memoria y justicia histórica, enfocándose en localizar a los familiares de 120 republicanos de Extremadura que perdieron la vida entre 1937 y 1941 en la cárcel de Orduña, en Bizkaia. Este proyecto se realiza en colaboración con las diputaciones de Extremadura, bajo la batuta de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, y busca identificar a los fallecidos mediante pruebas de ADN.
Alberto Alonso, director de Gogora, reveló que dentro del plan de acción se contempla el reconocimiento de Orduña como Lugar de Memoria Democrática. Además, se planifica la instalación de placas en el municipio, marcando los lugares donde los prisioneros, llevados allí en condiciones de extrema dureza, realizaron trabajos forzados. Un emotivo acto para honrar a estas víctimas también está previsto en Castuera (Badajoz), el punto de origen de muchos de los encarcelados.
El proyecto cuenta con el respaldo del secretario de Estado, Fernando Martínez López, y la estrecha colaboración de Francisco Martos, alcalde de Castuera, quien ha mostrado un fuerte compromiso con la causa. Durante la existencia de la Prisión Central de Orduña, que sirvió como campo de concentración, casi 4.000 presos fueron confinados allí, más de la mitad de ellos de procedencia extremeña. En el periodo documentado, 225 prisioneros fallecieron, siendo 127 originarios de Extremadura.
Gogora ha logrado compilar un listado detallado de los fallecidos, con sus nombres, apellidos, lugares de origen y fechas de muerte. Contrario a lo que ocurre en otras fosas comunes, estos individuos fueron sepultados de manera ordenada, permitiendo un avance significativo en su identificación. Hasta la fecha, solo siete han sido identificados y sus restos entregados a sus familias.
Los prisioneros eran principalmente campesinos que abogaban por la reforma agraria durante la República. Fueron transportados desde Castuera en condiciones espantosas y en Orduña padecieron severas privaciones, viéndose obligados a realizar trabajos forzados que les llevaron a morir de hambre, frío o enfermedades. El estado de los presos era tal que incluso un inspector falangista los describió como «muertos vivientes».
Para el año 2025, Gogora tiene planeado expandir el Columbario de la Dignidad en Orduña, donde se pretende dar sepultura a los restos no identificados y a aquellos cuyos familiares prefieran dejarlos allí. Este esfuerzo, en coordinación con el Ayuntamiento de Orduña, forma parte de un Programa de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el conflicto civil.
La compleja tarea de identificación genética recae en el laboratorio Biomics de la UPV/EHU y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, encargados de las exhumaciones y análisis forenses. Gogora está decidido a comunicarse con el mayor número posible de familiares para recolectar muestras de ADN que faciliten la identificación de los restos. A pesar de las complicaciones debido al tiempo transcurrido y la calidad del ADN, el compromiso para cerrar estas heridas históricas persiste. Alonso ha subrayado la importancia de este proyecto, especialmente considerando que muchos familiares hoy son nietos o sobrinos de los fallecidos, lo que hace más difícil el rastreo pero no menos urgente.
La cooperación ciudadana ha sido vital, con los vecinos de Orduña involucrándose activamente, incluso viajando a Badajoz para buscar a los familiares «puerta por puerta». Aunque la concentración inicial se encuentra en Extremadura, el objetivo es extender estas iniciativas a regiones como Castilla-La Mancha, incrementando el alcance de este apostolado por la memoria y la justicia.
