Este martes ha dado inicio en la Audiencia Provincial de Guadalajara el juicio contra Víctor San Vidal, exalcalde de la localidad de Fontanar, quien enfrenta acusaciones de malversación de fondos públicos y prevaricación. Junto a San Vidal, están en el banquillo de los acusados cuatro individuos más: M.A.J.B., A.M.C.C., M.C.J. y A.V.R. En un primer momento, el Ministerio Fiscal había solicitado una pena de 10 años de prisión para San Vidal y penas que oscilan entre 2 años y medio y 5 años para los otros acusados.
No obstante, las penas solicitadas podrían experimentar alteraciones debido a una reciente reforma del Código Penal que incide en la definición de los delitos de malversación y administración desleal, lo que podría tener un impacto en las acusaciones formuladas por la Fiscalía.
El caso surgió a raíz de una denuncia presentada por varias empleadas del Ayuntamiento. Estas trabajadoras expresaron su preocupación al sospechar que el alcalde y otros miembros de la administración estaban apropiándose indebidamente de fondos del Consistorio. Las presuntas irregularidades incluyen la retención de ingresos en efectivo provenientes de eventos como fiestas, el uso de facturas falsas y la simulación de cursos de formación, los cuales nunca se llevaron a cabo. Además, según la denuncia, se falsificaron firmas de alumnos para obtener subsidios de la Diputación.
Durante la primera jornada del juicio, Marta R., administradora y funcionaria del Ayuntamiento desde 2004, fue la encargada de inaugurar las declaraciones. Junto a su colega Eva C., presentó en 2019 documentación para respaldar su denuncia, al considerar que era necesario intervenir para «parar la situación». Ambas rechazaron cualquier motivación política detrás de su acción, pese a los intentos de la defensa por asociar su denuncia con intereses partidistas. Marta, quien fue candidata en las listas de Unidas por Cabanillas, enfatizó que su iniciativa se fundamentó en la detección de irregularidades contables.
Marta explicó que había llevado a cabo una contabilidad paralela al sospechar que las cifras del dinero recaudado por el municipio no correspondían con los ingresos registrados en el banco, descubriendo diferencias que en ocasiones superaban los 5,000 euros. También mencionó que el exalcalde empleaba su propio dinero para algunos pagos, que luego transfería al Ayuntamiento mediante facturas con anotaciones que le permitían justificar gastos sin necesidad de aportar pruebas.
Por su parte, Eva C. corroboró la existencia de las irregularidades contables y defendió la independencia de su denuncia frente a cualquier interés político, destacando que tanto ella como Marta decidieron denunciar basándose únicamente en lo que consideraron un manejo irregular de la administración del Ayuntamiento.
El juicio, que se extendió por más de seis horas y media, continuará en los próximos días con nuevas audiencias, en las que se espera la intervención de más testimonios de empleados del Ayuntamiento.
