El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha articulado una firme postura respecto a la operación de limpieza tras una «macrofiesta ilegal» que generó alrededor de 50 toneladas de basura cerca del aeropuerto. El evento, que se extendió del 1 al 6 de enero, convocó a unas 5,000 personas y dejó a su paso un considerable volumen de residuos en un área de más de 65 hectáreas.
Cañizares ha delineado claramente que la responsabilidad financiera y logística de la recolección de estos residuos no recae ni sobre el Ayuntamiento ni sobre los ciudadanos de Ciudad Real. Respondió así a la solicitud planteada por CRIA, la empresa gestora del aeropuerto local, que había instado a las administraciones públicas a asumir los gastos de limpieza.
El alcalde puntualizó que es deber de los organizadores del evento hacerse cargo de los costos implicados en la recolección y manejo de estos desechos. Manifestó que, aunque el Ayuntamiento está abierto a colaborar dentro de su capacidad, la gestión directa de residuos no es un servicio municipal, sino una tarea encomendada a RSU Ciudad Real.
El tema ha escalado a nivel judicial con denuncias interpuestas por CRIA ante los juzgados y la Policía Nacional, señalando tanto la ocupación ilegal del terreno como los daños generados durante la macrofiesta. La empresa gestora aguarda directrices legales para proceder respecto a la limpieza y otras acciones consecuentes.
CRIA ha subrayado la importancia de que las administraciones definan claramente la responsabilidad de la recolección, especialmente dado el potencial impacto medioambiental que el abandono de tal cantidad de basura podría acarrear. Han alertado de que cualquier acción de remoción de residuos requerirá permisos adecuados, añadiendo otra capa de complejidad a la situación.
Ante este panorama, la comunidad de Ciudad Real sigue esperando una resolución que no solo asigne responsablemente los costos, sino que también siente un precedente sobre el manejo de eventos de tal magnitud en el futuro.