La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha levantado un fuerte revuelo con sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE, acusándolos de falta de ética por mantener bloqueadas en el Congreso de los Diputados 17 proposiciones de ley presentadas por su partido. Durante su intervención en la clausura de la Interparlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, que tuvo lugar en Ciudad Real, Fúnez argumentó que estas iniciativas son esenciales para el bienestar de los ciudadanos, abarcando áreas como la seguridad, la reducción fiscal y el acceso a la dependencia.
Fúnez no tuvo reparos en calificar el bloqueo de estas propuestas como una táctica deliberada por parte del PSOE y de Pedro Sánchez, destinada a «gobernar de espaldas al parlamento y a la democracia». Según sus palabras, esta estrategia está motivada por intereses partidistas, ignorando la importancia de las leyes en discusión, que incluyen acciones contra la ocupación ilegal, mejoras en las condiciones de las fuerzas de seguridad y el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como autoridad.
La dirigente del PP destacó que estas proposiciones han sido obstaculizadas de manera que considera «antidemocrática, partidista y sectaria», revelando que algunas han enfrentado hasta 39 ampliaciones de plazo para la presentación de enmiendas. Más allá del ámbito legislativo, Fúnez criticó la falta de rendición de cuentas de Pedro Sánchez en el Senado, su cuestionamiento a la independencia del poder judicial y el desprecio por la labor de los medios de comunicación. Según la vicesecretaria, el actual Gobierno ha hecho del nepotismo una de sus características más destacadas.
En sus declaraciones, Fúnez fue especialmente dura al describir el estilo de gobierno de Sánchez, al que no dudó en tildar de un «sistema personalista y personalizado de poder», donde, según ella, el presidente confunde los límites entre el Estado, su gobierno, su partido y su persona.
Por último, Fúnez se refirió a la designación de Marc Murtra como presidente de Telefónica, calificando la decisión como un intento de Sánchez para extender su influencia sobre empresas privadas, poniendo en riesgo su independencia y utilizando estas entidades para obtener beneficios políticos personales. Según Fúnez, esto representa un claro ejemplo de la disposición del presidente para intervenir en el sector privado, una maniobra que, según la dirigente del PP, socava la autonomía empresarial en favor de intereses políticos del Gobierno.
