El año 2023 cerró con un panorama mixto para las residencias de personas mayores en Castilla-La Mancha. La región alcanzó una cifra de 27.294 plazas disponibles, con una relación de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, sumando un total de 7.072 plazas. Este avance sitúa a Castilla-La Mancha por encima de la media nacional en cuanto al tamaño de sus residencias, con un promedio de 78,7 plazas frente a las 72,9 del país.
A nivel nacional, el panorama es más desalentador. Por primera vez en una década, el número de plazas disponibles ha disminuido, cayendo a 395.065 en 2024, lo que significa una reducción de 3.510 plazas respecto al año anterior. Este descenso ocurre en un contexto donde la pandemia ha dejado una huella significativa en la disponibilidad de plazas residenciales. En los tres años transcurridos desde la crisis sanitaria, se han creado solamente 6.031 nuevas plazas, mientras que la población mayor de 65 años ha aumentado en más de 600.000 personas.
Según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el déficit actual de plazas es preocupante. Para mantener una ratio adecuada de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, se necesitarían 89.324 plazas adicionales. Además, se requieren al menos 35.000 plazas extra para atender las necesidades de personas con Dependencia Severa o Grandes Dependientes. Los datos del IMSERSO revelan que hay 133.376 personas potencialmente necesitadas de atención residencial, incluyendo aquellos en listas de espera por valoración.
El estudio también destaca que la ocupación total de las residencias fue del 84,1% con 332.431 personas usuarias. Las comunidades más afectadas por la falta de plazas son Andalucía y la Comunidad Valenciana, que en conjunto representan el 67,9% del déficit total.
La financiación de estas plazas es mayoritariamente pública, con un 69,6% del total, o 275.094 plazas, financiadas por el Estado o concertadas. Castilla y León junto con Castilla-La Mancha lideran la cobertura de plazas financiadas públicamente.
Ante este panorama, el Ministerio de Derechos Sociales ha propuesto una estrategia de desinstitucionalización, colaborando con las comunidades autónomas para que las personas con dependencia puedan permanecer en sus hogares. Aunque esta estrategia podría aliviar la necesidad de nuevas plazas, desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se critica la falta de progreso sustancial en estas políticas y la mejora limitada en los servicios de atención domiciliaria.
La situación actual subraya la urgencia de implementar medidas efectivas que no solo aumenten el número de plazas disponibles, sino que también aseguren una atención adecuada y centrada en la proximidad a los usuarios y sus familias. El objetivo es desarrollar residencias que funcionen como auténticos servicios de proximidad, adaptándose a las necesidades de los ciudadanos mediante una planificación adecuada.
