El Partido Popular de Cuenca ha lanzado una fuerte demanda para que se suspendan temporariamente las operaciones del macrovertedero ubicado en Almonacid del Marquesado, debido a una serie de preocupaciones emergentes sobre su gestión. El partido político está pidiendo también que se depuren responsabilidades políticas tras la revelación de que esta instalación está siendo investigada internacionalmente por su conexión con el tráfico de residuos, incluidos algunos considerados peligrosos.
En una reciente rueda de prensa, el presidente del PP conquense, Benjamín Prieto, se reunió con el portavoz en la Diputación, Cayetano Solana, y la alcaldesa de Tresjuncos, Marisa Ramírez, para informar sobre una conferencia llevada a cabo con representantes de quince ayuntamientos de la comarca. El objetivo del encuentro fue analizar las posibles repercusiones negativas que este vertedero podría tener para la población local.
Prieto y otros representantes del PP han argumentado que las actividades del vertedero deberían cesar inmediatamente, alegando el incumplimiento de la declaración ambiental y el hecho de que la cantidad de residuos gestionados supera el límite máximo de 300.000 toneladas anuales. Para determinar el impacto que esta situación tiene en el medio ambiente, han solicitado que la Diputación, en colaboración con el Instituto Geológico Minero, realice estudios sobre la calidad de las aguas subterráneas, la tierra y el aire alrededor del vertedero.
Cayetano Solana, portavoz del PP, destacó una serie de irregularidades que han tenido lugar en la planta desde su inauguración, incluyendo períodos en los que ha operado sin la planta de valorización correspondiente, así como un incendio que afectó la celda de vertido. Solana criticó la falta de transparencia en el funcionamiento del vertedero y mencionó los esfuerzos sin éxito que han hecho para visitar la instalación.
Benjamín Prieto subrayó la opacidad y el riesgo asociado a este vertedero desde sus inicios, e instó a los medios de comunicación a observar la constante afluencia de camiones que llegan al lugar, no solo desde diferentes partes de España, sino también desde otros países de Europa.
Prieto hizo un llamado a que se aclaren las responsabilidades públicas, indicando que la administración ha fallado en su deber de controlar adecuadamente las actividades de la empresa encargada. Propuso que los alcaldes de la zona planteen preguntas ante la Comisión Europea y que los departamentos legales de los ayuntamientos recopilen la documentación necesaria para posibles acciones judiciales futuras. Además, en su crítica al alcalde de Almonacid, Álvaro Martínez Chana, Solana acusó a la administración de poner por delante los intereses empresariales sobre la protección de la salud de los ciudadanos.
