La Alcaldesa de Almadén Considera Acciones Legales por Incumplimiento del Convenio de SEPI y Mayasa Tras 20 Años

Alcaldesa Almadén no descarta ir a la justicia para exigir a SEPI y Mayasa cumplir su convenio tras 20 años a la espera

La alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado, ha expresado su profunda preocupación por el persistente incumplimiento del convenio de colaboración firmado en 2005 entre el Ayuntamiento, la empresa Minas de Almadén y Arrayanes SA (Mayasa), y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En declaraciones durante una reciente entrevista, Jurado ha subrayado la urgencia de intensificar las demandas dirigidas al Gobierno de España, subrayando la necesidad imperiosa de una acción decidida dados los apremiantes desafíos que enfrenta tanto el municipio como toda la comarca.

Desde que asumió el cargo hace más de un año y medio, Jurado ha centrado gran parte de su agenda política en esta causa. Señala que el convenio, que sigue sin cumplirse 18 años después de su firma, es crucial para asegurar el desarrollo sostenible de Almadén. En su visión, Mayasa debería utilizar los terrenos adquiridos no solo para su propio beneficio, sino también para impulsar el bienestar de la comunidad.

Jurado rememoró su visita al Congreso de los Diputados a finales de 2024, momento en el cual planteó diversas consultas al Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, las respuestas obtenidas hasta ahora no cumplen con las expectativas del municipio. Ante estas circunstancias, la alcaldesa ha anunciado su intención de lanzar una amplia campaña informativa para mantener a los ciudadanos de Almadén al tanto de la situación.

La posibilidad de llevar el asunto a los tribunales no está descartada si el Gobierno sigue sin abordar las demandas planteadas. Jurado subrayó la importancia de cumplir con un convenio que considera vital para Almadén, reiterando que el pueblo, con su rica historia de contribuciones al país, no merece ser subordinado a los intereses económicos de una empresa cuya prioridad parece ser su sostenibilidad financiera por encima del bienestar local.

Además, las relaciones entre el Ayuntamiento y Mayasa se han tensado notablemente por el debate sobre el uso público de caminos en la Dehesa de Castilseras, lo que ha desembocado en un conflicto legal que está generando costes adicionales para el municipio. A pesar de todas estas adversidades, Jurado se mantiene firme en su lucha por los derechos de los residentes de Almadén, asegurando que sus esfuerzos se centran en que se cumpla el convenio, independientemente de posibles cambios de gobierno.

En cuanto al estado administrativo del Ayuntamiento, Jurado reveló una realidad más complicada de lo esperado, con una deuda considerable que exige ajustes financieros y numerosos expedientes administrativos pendientes. No obstante las dificultades, se comprometió a trabajar incansablemente para cumplir con su programa electoral, lo que implicará un significativo esfuerzo tanto a nivel interno del Ayuntamiento como en la movilización y participación de la comunidad local. Con estos desafíos en mente, la alcaldesa ha prometido seguir adelante con determinación para mejorar la situación del municipio.

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