El pequeño municipio de Jirueque, en la provincia de Guadalajara, ha sido protagonista de un desencuentro con la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) debido a una multa de 2.600 euros que le ha sido impuesta al Ayuntamiento por la limpieza del cauce del río local. Esta sanción representa un golpe significativo para las finanzas del Ayuntamiento, ya que equivale al 10% de su presupuesto anual.
Según explica el alcalde de Jirueque, Juan Antonio Sanz, la limpieza se llevó a cabo con el permiso necesario de la propia Confederación, pero se muestra indignado ante la falta de consideración de la CHT respecto a la importancia de la intervención. Sanz defiende que la acción era crucial para prevenir la contaminación del río y que, tras los trabajos de limpieza, el cauce quedó en buen estado. «Sin esta reparación, la contaminación habría durado una semana», afirma.
La situación se agudiza por la imposibilidad de contactar con los responsables de CHT, lo que ha generado frustración en la administración de Jirueque. Desde el Ayuntamiento critican la burocracia excesiva que acompaña estos procesos, describiendo el intento de contacto como un «laberinto de teléfonos y locuciones inútiles». Esta situación plantea dudas sobre la eficacia de las normativas aplicables a pequeños municipios y resalta el abandono que sufren en términos administrativos.
El alcalde también ha destacado cómo el contexto actual, marcado por la inflación y la crisis energética derivada de situaciones internacionales como la guerra en Ucrania, añade una carga adicional a las ya frágiles economías de los pequeños pueblos. Sanz argumenta que en vez de imponer sanciones que comprometen su viabilidad, las administraciones deberían fomentar el desarrollo rural.
En su crítica, Sanz también apunta la necesidad de reformas en entidades como las confederaciones hidrográficas, con el objetivo de convertirlas en organismos más eficientes y productivos. El alcalde considera incongruente el discurso sostenido de revitalizar la «España vacía» mientras las multas impuestas asfixian a las localidades pequeñas, reduciendo su atractivo para quienes podrían considerar una vida en el campo. La situación revela una vez más las dificultades que enfrentan estos municipios para mantener su actividad cotidiana frente a normativas ajenas a sus realidades.
