La Audiencia Provincial de Toledo se prepara para un juicio que ha captado la atención del sector agrícola y empresarial de la región. Este miércoles, 12 de febrero, se ha establecido como fecha clave para la audiencia donde tres acusados, identificados como J.C.N.R., L.J.L.M. y A.L.M., enfrentarán cargos por un supuesto delito de administración desleal, implicando a la empresa Melariense de Investigaciones Agrícolas S.L.
De acuerdo con la acusación presentada por la fiscalía, estos individuos habrían transferido de manera ilícita propiedades pertenecientes a Melariense hacia otra empresa, Neira de Rei, S.L. Lo alarmante de estas operaciones es que se habrían realizado sin el consentimiento de ningún órgano directivo de la empresa afectada, lo que constituye, según la fiscalía, un claro acto de deslealtad administrativa.
Los hechos remontan a abril de 2019, momento en el que J.C.N.R. inscribió diversas propiedades, incluidas fincas rústicas localizadas en el Registro de la Propiedad de Pinto y Motril, además de participaciones en otras entidades. Dichos activos, previamente pertenecientes a Melariense de Investigaciones Agrícolas S.L., fueron registrados bajo el nombre de Neira de Rei, S.L. La situación es aún más compleja dado que L.J.L.M., sin contar con un poder legítimo otorgado por C.S.H., el apoderado legal de Melariense, realizó estas transacciones actuando en nombre de su padre, A.L.M., quien posteriormente ratificó estos movimientos.
La fiscalía ha argumentado que tales operaciones se llevaron a cabo sin ninguna formalidad adecuada: no hubo notificación a los accionistas, ni se convocaron juntas para discutir estos movimientos. Además, desde la renuncia del administrador anterior en 2013, no existía un administrador con la capacidad de legitimar tales acciones. Las propiedades comprometidas han sido valoradas en más de 28 millones de euros, un monto cuya compensación ahora es reclamada por las compañías perjudicadas.
El delito de administración desleal, contemplado en el artículo 252 del Código Penal, podría acarrear una severa pena de hasta seis años de prisión para cada uno de los acusados, junto con la inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además, se contempla una multa de 12 euros diarios durante un periodo de 12 meses. En términos económicos, la fiscalía exige una indemnización conjunta de 20.880.000 euros para CCF 21 Negocios Inmobiliarios, S.A., y 7.129.000 euros para Melariense de Investigaciones Agrícolas, S.L., a lo que se aplicaría el interés legal del dinero.
Este proceso judicial, que promete dejar huella en el ámbito legal y corporativo local, pone de manifiesto la creciente necesidad de un riguroso control de las acciones administrativas dentro de las empresas para prevenir casos similares de administración desleal en el futuro.
