La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha anunciado una resolución que define los servicios mínimos en los centros educativos no universitarios de la región, coincidiendo con la huelga pautada para este jueves, 13 de febrero. Esta medida es en respuesta a la situación actual de los funcionarios en relación al modelo de Muface, el seguro médico alternativo al sistema de salud pública.
Para asegurar el funcionamiento básico de los centros, se ha decretado que en todos los colegios y escuelas se debe contar con la presencia del director. Este funcionario no solo actúa como responsable del personal, sino también como representante de la administración educativa, garantizando que las normativas vigentes se cumplan durante el día de paro.
En los Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP), el establecimiento de servicios mínimos implica contar con un docente por cada tres unidades. En el cálculo de este personal esencial se incluye tanto al director como al jefe de estudios, quienes forman parte del cuerpo docente.
Por su parte, en los Institutos de Educación Secundaria (IES), la normativa exige la presencia de un profesor por cada seis grupos de estudiantes, nuevamente considerando al director y al jefe de estudios dentro de la cifra requerida.
Los Conservatorios, Escuelas de Arte y las Escuelas Oficiales de Idiomas, instituciones que atienden a grupos variados de estudiantes, también deberán ajustar sus servicios mínimos para garantizar que su funcionamiento básico no se vea interrumpido. En este contexto, las características específicas, como el horario de apertura y las edades del alumnado, marcan la pauta para determinar los servicios esenciales.
Finalmente, en los Colegios Rurales Agrupados (CRA), un profesor por sección debe estar presente, asegurando que el director se permanezca en la sección de cabecera para coordinar cualquier eventualidad que pueda surgir durante la jornada de huelga. Esta disposición busca minimizar el impacto de la movilización, garantizando el derecho a la educación al mismo tiempo que se respeta el derecho a la protesta de los trabajadores.
