En un movimiento que busca salvaguardar los intereses de sus habitantes, diez ayuntamientos de la provincia de Cuenca han decidido emprender acciones legales tras el cierre de la línea ferroviaria Madrid-Cuenca-Valencia. Estos municipios, Aranjuez, Arguisuelas, Camporrobles y Huete entre ellos, consideran que el cierre del servicio ferroviario vulnera sus derechos fundamentales y han presentado un Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional.
La pieza central de su argumento es el cuestionamiento del informe elaborado por Ineco, la empresa pública vinculada al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que sirvió de base para la clausura de la línea ferroviaria. La falta de oportunidades para presentar objeciones a este informe parece haber sido un catalizador importante para el recurso legal, un argumento apoyado por el Partido Popular, que ha decidido abogar por los municipios afectados.
Francisco Javier Doménech, alcalde de Huete, ha sido particularmente vocal respecto a la injusticia percibida. Según Doménech, los gobiernos locales se han visto obligados a acudir a los tribunales debido a la inflexibilidad del Gobierno central, que no dejó espacio para el diálogo ni para una respuesta adecuada a las conclusiones de Ineco. El informe argüía la inviabilidad económica y social de la línea, un punto que Doménech refuta, destacando que no se les brindó tiempo suficiente para discutir o responder a tales afirmaciones.
La crítica del alcalde se extiende también al fundamento de la rentabilidad como criterio decisivo para mantener un servicio público. Doménech advierte que si se mantiene esta lógica, muchos servicios esenciales en las áreas rurales de España podrían desaparecer, subrayando una discriminación evidente hacia ciudadanos en función de su ubicación geográfica.
En su recurso, los ayuntamientos también han expresado su descontento con la aparente falta de inversión en la provincia de Cuenca, apuntando que, mientras otras regiones reciben financiamiento considerable para sus infraestructuras, Cuenca no ha sido beneficiada con ninguna parte de los 24.200 millones de euros destinados por el Gobierno central a este fin.
El portavoz de los ayuntamientos concluye con una advertencia ominosa: de no encontrar una solución, Cuenca podría convertirse en la única provincia española sin acceso a servicios ferroviarios, lo cual tendría implicaciones extremadamente negativas para su economía y turismo. Según Doménech, esta situación exacerbaría la desigualdad entre territorios, haciendo un llamado urgente para una respuesta gubernamental que proteja los derechos y necesidades de los ciudadanos de Cuenca.
