Toledo, 5 de marzo de 2025.- El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al decreto que regula el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia respecto a las interrupciones voluntarias del embarazo. Esta medida se implementa en consonancia con la reciente reforma de la ley del aborto, que fue aprobada en el Congreso de los Diputados en febrero de 2023, según informó la consejera Portavoz, Esther Padilla.
Padilla explicó a los medios que este decreto se dirige específicamente a los profesionales de la medicina y la enfermería, tanto del sector público como privado, quienes están directamente involucrados en los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo. El objetivo fundamental del decreto es crear y regular un registro para los profesionales sanitarios, estableciendo el procedimiento necesario para formalizar la objeción de conciencia. Tal como manifestó Padilla, los profesionales que deseen acogerse a este derecho deberán presentar una declaración escrita de objeción, de manera individualizada, ante la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria y Farmacia.
Concretamente, este trámite se llevará a cabo mediante un envío telemático empleando el formulario disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, accesible en la dirección http://www.jccm.es.
La portavoz regional subrayó que el registro estará sujeto a un riguroso principio de confidencialidad y al cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales. Añadió que únicamente las direcciones de cada Gerencia estarán al tanto de qué médicos se han inscrito en este registro de objeción de conciencia. Esta medida busca facilitar la gestión al contar con un listado que permita conocer la disponibilidad de los médicos y enfermeras para llevar a cabo interrupciones de embarazo.
Finalmente, Padilla informó que la declaración de objeción de conciencia tendrá efectos permanentes, aunque podrá ser modificada o revocada en cualquier momento. El decreto entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, prevista para el próximo viernes o lunes.
