El expresidente del Gobierno español, Felipe González, ha expresado su desacuerdo con el reciente pacto alcanzado entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Junts, el cual permitirá a la Generalitat de Cataluña asumir competencias en el ámbito de la inmigración. Según González, estas competencias «no son transferibles ni delegables», una opinión que ha sido respaldada por Emiliano García-Page, presidente de Castilla La Mancha. García-Page ha criticado enérgicamente este acuerdo, manifestando su «abochornamiento» debido a lo que él percibe como una alianza con la «peor» extrema derecha, aludiendo al partido liderado por Carles Puigdemont. Asimismo, advirtió que esta decisión podría comprometer las posibilidades de alcanzar un acuerdo de Estado sobre la política migratoria junto a las comunidades autónomas.
González ha defendido que las competencias en inmigración son exclusivas del Estado, en línea con lo que dicta la Constitución española. Esta postura se contrapone a la interpretación dada por el Gobierno, que argumenta que el pacto con Junts representa una delegación y no una cesión de competencias. En este sentido, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, se ha puesto al frente para defender el acuerdo durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, intentando esclarecer esta distinción.
Sin embargo, las críticas al Gobierno no se han limitado a la oposición, sino que también han surgido desde algunos de sus propios socios parlamentarios. Entre las voces más contundentes figura Podemos, quienes han catalogado el acuerdo de «racista» y han anunciado su intención de votar en contra del mismo en el Congreso. Este asunto ha generado un intenso debate dentro del ámbito político español, reflejando la controversia y el desacuerdo interno respecto al manejo de las competencias migratorias.
