En un juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Cuenca, el acusado J.A.G.J. ha aceptado una sentencia de conformidad tras enfrentarse a cargos por distribución de pornografía infantil. Inicialmente, se le había impuesto una pena de dos años de prisión, pero tras reconocer los hechos, la condena fue rebajada a un año de privación de libertad.
El caso se resolvió con un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, que incluyó una serie de medidas adicionales. Además del tiempo en prisión, J.A.G.J. ha sido inhabilitado para desempeñar cualquier trabajo, oficio o actividad que implique un contacto regular y directo con menores durante los próximos cinco años.
Según lo dispuesto por el artículo 80 del Código Penal, la pena de prisión ha sido suspendida por un periodo de tres años. Esta suspensión se debe a la falta de responsabilidad civil, la ausencia de antecedentes penales y el hecho de que la pena impuesta es menor a dos años. Por lo tanto, el acusado no ingresará en prisión, siempre y cuando no cometa ningún delito durante el periodo de suspensión.
Los hechos delictivos se circunscriben al periodo entre el 18 de diciembre de 2022 y el 14 de febrero de 2023, durante el cual J.A.G.J. compartió al menos 46 archivos con contenido pornográfico infantil utilizando el programa de intercambio de archivos eMule. Un registro en su domicilio permitió a las autoridades incautar un ordenador portátil y dos discos duros que contenían más de 3.000 archivos con contenido explícito relacionado con el abuso de menores.
Esta sentencia, que ya es firme, ha generado una considerable preocupación respecto a la seguridad de los menores en el entorno digital. El caso subraya la necesidad urgente de una vigilancia más estricta respecto al acceso a contenido ilícito en internet y a la protección de los niños frente a este tipo de delitos.
