En la reciente sesión plenaria celebrada el 27 de marzo, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares tomó una decisión significativa en respuesta a una serie de incidentes que han inquietado a la comunidad local. De manera unánime, se aprobó que el alcalde, Miguel Óscar Aparicio, se persone como acusación popular en un caso judicial en curso. El procedimiento está relacionado con la detención de un individuo por la Guardia Civil, sospechoso de causar daños y efectuar robos en más de 30 vehículos particulares, un asunto que ha generado una notable preocupación entre los residentes.
Antonio Expósito, concejal de Seguridad Ciudadana, subrayó que esta decisión se adopta con el objetivo de proteger el interés general y salvaguardar la seguridad pública. Destacó el impacto negativo que estas acciones han tenido en la comunidad, perturbando la paz y tranquilidad de los ciudadanos. Con la autorización concedida, los servicios jurídicos del Ayuntamiento están facultados para realizar los trámites necesarios y formalizar la personación en el proceso judicial correspondiente.
Expósito también reiteró el compromiso del Ayuntamiento de impedir actos delictivos como estos, destacando la colaboración continua con la Guardia Civil y la Policía Local para garantizar la seguridad en Azuqueca. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. Miguel Ángel Flores, portavoz de Vox, comentó que el sospechoso enfrenta una decena de acusaciones y opinó que, aunque la medida es positiva, se implementa con retraso, pues el individuo ha operado en el municipio desde 2022. Flores cuestionó si se ha considerado la expulsión del individuo en las conversaciones con las autoridades gubernamentales de Guadalajara y Castilla-La Mancha.
Por otro lado, Mane Corral, portavoz del PP, calificó la decisión como «sensata», pero no dejó de señalar que hubo un retraso en la contratación de diez nuevos agentes para la Policía Local, lo cual podría haber mitigado la situación. Mientras tanto, María José Pérez, de IU, resaltó la reincidencia del delincuente e indicó que el presupuesto de 2025 contempla la contratación de más agentes.
En otro orden del día, el PP presentó una moción para reprobar la gestión del exalcalde José Luis Blanco y su equipo. Alegaron que actuaron de manera desleal hacia los ciudadanos. La moción fue aprobada con 10 votos a favor, 2 abstenciones de IU y 8 en contra del PSOE. Se abordaron cinco puntos, desde la reprobación de las acciones del exalcalde hasta la necesidad de implementar mecanismos de control más estrictos.
Durante el acalorado debate, Mane Corral pidió la dimisión de varios responsables por la mala gestión de los recursos públicos. El portavoz de Vox respaldó la moción, criticando al equipo de gobierno por desatender las preocupaciones de la oposición y de los ciudadanos, especialmente en torno al CAPI (Centro de Acogida de Protección Internacional).
A estas críticas, Susana Santiago, portavoz del PSOE, respondió defendiendo la legalidad de las acciones del equipo de gobierno y solicitó moderación en las acusaciones sin fundamento. También se discutió el ajuste de los precios del contrato del servicio de transporte urbano, acordándose un coste de 3,15 euros por vehículo/kilómetro a partir del año 2025.
La sesión concluyó con un sentido minuto de silencio en honor a las víctimas de violencia machista, y se justificó la ausencia de un concejal del Equipo de Gobierno por razones de salud.
