En un movimiento inesperado y poco habitual en la política regional, los Grupos Parlamentarios del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han acordado colaborar estrechamente en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de las Cortes regionales. Esta colaboración ha resultado en la aprobación de siete enmiendas a la Proposición de Ley sobre la representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias. De estas enmiendas, dos fueron propuestas por el PP y cinco por el PSOE, mientras que las cuatro enmiendas presentadas por Vox fueron rechazadas por la Comisión.
David Moreno, presidente del grupo Vox, se ha manifestado en contra de la rapidez con la que se ha tramitado esta Proposición de Ley. Moreno criticó la falta de consulta con los profesionales agrarios y cuestionó la ausencia de referencias a la nueva legislación estatal en la exposición de motivos presentada por el PSOE. Abogó además por un sistema que garantice el reconocimiento de las organizaciones agrarias por todas las regiones.
Por su parte, el diputado popular Santiago Lucas-Torres argumentó que la nueva ley responde a un antiguo reclamo de las organizaciones agrarias regionales, subrayando la importancia de una representación adecuada del sector. En consecuencia, se opuso a las enmiendas de Vox, advirtiendo del peligro de conceder representación a entidades sin la estructura necesaria dentro de la región.
Durante la sesión, también se designó al diputado socialista Antonio Sánchez Requena como ponente para defender el dictamen de la Proposición de Ley en el próximo pleno. Este nombramiento fue parte del proceso para asegurar que la voz de las organizaciones agrarias esté adecuadamente representada.
María Isabel Sánchez, presidenta de la Comisión, señaló al inicio de la sesión la necesidad de realizar una «corrección técnica» a la Ley vigente, alineándose con la legislación de 2015 sobre prevención de pérdidas y desperdicio alimentario. Este ajuste busca establecer un marco claro para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias, sustituyendo la normativa de 2014.
Sánchez Requena aclaró que la actual propuesta es, en gran medida, una adaptación de una ley nacional, y calificó de sorprendentes las críticas de Vox en este contexto. Reiteró la importancia de una representación sólida y legítima de las organizaciones agrarias y defendió la colaboración entre PP y PSOE como un ejemplo positivo de trabajo conjunto en un ámbito de tanto impacto para la región.
La sesión culminó destacando la trascendencia de esta colaboración entre los principales partidos políticos en un área crítica para el sector agrario. Las organizaciones agrarias han pedido una mayor participación en la formulación de políticas que afectan directamente a su labor y sostenibilidad, y este desarrollo legislativo podría marcar un paso significativo hacia la satisfacción de esas demandas.
