La Constitución Española de 1978, aprobada mediante referéndum el 6 de diciembre de ese año, significó el inicio de una nueva era en la historia de España, buscando solucionar problemas históricos como guerras civiles, inestabilidad política y dictaduras. Tras la muerte de Franco, el país necesitaba desprenderse de su turbulento pasado y abrirse al diálogo para encontrar soluciones a los problemas nacionales. De este esfuerzo surgieron los Estatutos de Autonomía, que hoy configuran el mapa político de España.
Castilla-La Mancha, aunque no existía como entidad política antes de 1978, se constituyó como Comunidad Autónoma gracias al derecho a la autonomía garantizado por la Constitución. En 1982, logró su autogobierno tras la aprobación de su Estatuto, y en 1983 celebró sus primeras elecciones regionales, estableciendo su estructura política y administrativa. La región ha sido clave en prestar servicios públicos y fomentar el desarrollo socioeconómico.
Durante cuatro décadas, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha ha jugado un papel crucial en el desarrollo regional, gestionando recursos en áreas como educación, sanidad y servicios sociales. Hoy, el Estado de las Autonomías es irreversible, y las transformaciones sociales actuales demandan una revisión del Estatuto para adaptarlo a una sociedad más igualitaria y dinámica. El nuevo Estatuto, acordado por las principales fuerzas políticas, refuerza el autogobierno y blinda derechos sociales, promoviendo la igualdad y cohesión territorial.
Se prioriza la protección de derechos de la infancia, personas mayores y colectivos vulnerables. También se garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, centrándose en el desarrollo equitativo de las zonas rurales y protegiendo el patrimonio cultural y natural.
El nuevo Estatuto incluye medidas para mejorar la representatividad y eficiencia en la toma de decisiones, fomentando la cooperación local e institucional. Se introducen competencias en inteligencia artificial y acción contra el cambio climático, además de reforzar áreas esenciales como sanidad, educación y servicios sociales. Uno de los retos clave sigue siendo asegurar una financiación adecuada para garantizar el costo efectivo de estos servicios, destacándose la importancia del consenso en cualquier reforma futura del Estatuto.
