En el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha se ha aprobado una Proposición de Ley crucial para determinar la representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias. La legislación recibió el apoyo de los grupos parlamentarios del PSOE y del PP, mientras que Vox mostró su desaprobación durante las discusiones.
El diputado socialista Antonio Sánchez Requena defendió el dictamen emitido por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, resaltando el carácter de consenso y diálogo de la normativa entre los partidos mayoritarios. Subrayó que «para poder ir de la mano hay que practicar mucho el diálogo», y destacó que la Ley se fundamenta en criterios de igualdad, asegurando que todas las organizaciones que deseen obtener representatividad tendrán que cumplir con las mismas condiciones. Además, afirmó que la Proposición de Ley está en línea con lo estipulado en la Constitución, destacando la importancia de dar voz a los ciudadanos a través de organizaciones reconocidas.
Por otro lado, el presidente del Grupo Parlamentario Vox criticó duramente la Ley, señalando que es una «maniobra torticera» por parte de PSOE y PP, y argumentando que no garantiza la representatividad adecuada del sector agrario. Vox exige elecciones en el campo en un plazo de dos años y ha presentado solicitudes para detener la tramitación de la Proposición de Ley, alegando la necesidad de una audiencia pública y un dictamen del Consejo Consultivo.
Desde el PP, el diputado Santiago Lucas-Torres defendió que la Ley responde a las auténticas necesidades del sector agrario y no a intereses partidistas, destacando la importancia de una representación legítima y profesionalizada en el ámbito agrario. Afirmó que «sin campo no hay alimentos», reafirmando el compromiso de su partido con una representación agraria justa.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, describió la aprobación de esta Ley como un «paso firme y necesario» para modernizar el diálogo entre el sector agroalimentario y la administración. Explicó que la normativa pretende llenar un vacío legal que ha existido por más de 45 años y aseguró que proporcionará un proceso claro y ajustado a la realidad del sector en la región.
Con la aprobación de esta Proposición de Ley, Castilla-La Mancha se convierte en la primera comunidad autónoma en legislar sobre la representatividad agraria, estableciendo un precedente para lograr mayor claridad y certidumbre en las relaciones entre las organizaciones agrarias y la administración.
