El próximo 20 de septiembre comenzarán los procesos selectivos para las Ofertas de Empleo Público en la administración general de Castilla-La Mancha, correspondientes a los años 2023 y 2024. Con un total de 65.098 aspirantes compitiendo por 2.306 plazas, este evento es uno de los más significativos en el ámbito laboral de la región.
Durante una rueda de prensa, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, detalló que las plazas se dividen en 1.046 pertenecientes a la oferta del 2023 y 1.260 a la del 2024, de las cuales 1.435 están destinadas a funcionarios y 871 a personal laboral. Ruiz Molina destacó que esta fase de selección podría concluir en junio del próximo año, una vez finalizadas las pruebas de oposición y concursos de méritos.
En un esfuerzo por promover la inclusión, el siete por ciento de las plazas, es decir, 162, están reservadas para personas con algún tipo de discapacidad. De estas, 116 serán para personas con discapacidad general y 46 para quienes presentan discapacidad intelectual.
El interés ha crecido significativamente, con un aumento del 12% en el número de aspirantes en comparación con el último proceso. De los 65.098 aspirantes, 44.411 son mujeres, representando el 68 por ciento del total. Además, la mayoría de los aspirantes, el 94 por ciento, residen en alguna de las cinco provincias de la comunidad autónoma.
Se recibieron 842 solicitudes de adaptaciones para las pruebas, que serán evaluadas por los tribunales pertinentes. Entre las adaptaciones se incluyen tamaños ampliados de los caracteres en los cuestionarios, eliminación de barreras arquitectónicas, intérpretes de lengua de signos y equipos informáticos adaptados para aspirantes con discapacidad intelectual.
Para gestionar este proceso, se formarán 76 tribunales, con 52 centrados en las pruebas para funcionarios y 24 para el personal laboral. Estos tribunales estarán integrados por 764 miembros, de los cuales un 55% serán mujeres, la cifra más elevada registrada hasta el momento. La organización implicará la colaboración de 3.700 personas y se llevará a cabo en 18 centros distribuidos por las cinco provincias.
El proceso selectivo comenzará el 20 de septiembre con las pruebas para discapacidad intelectual, seguidas por los cuerpos superior y técnico de personal funcionario, y concluirá el 25 de octubre con las pruebas de los cuerpos ejecutivo y auxiliar de personal funcionario y personal laboral.
El consejero subrayó que los objetivos centrales de estos procesos son reducir la tasa de interinidad en la función pública, proteger las plantillas, facilitar la promoción interna, apoyar la inclusión de personas con discapacidad y ofrecer oportunidades de empleo público a la ciudadanía.
