La ministra de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, expresó su confianza en que Castilla-La Mancha se sumará al Acuerdo Estatal de Vivienda 2026-2030. En un evento en Guadalajara, Rodríguez abordó el desafío habitacional en la región, subrayando que la falta de recursos no debe ser una excusa para no avanzar con políticas eficaces.
Durante su intervención en los ‘LAB, Laboratorios de conversación’, la ministra destacó la diversidad de situaciones en Castilla-La Mancha, con necesidades distintas en lugares como Guadalajara, el Corredor, y municipios de Ciudad Real, Albacete y Cuenca. Resaltó el compromiso del Gobierno central, que ha destinado más de 246 millones de euros en cuatro años a políticas de vivienda, con un 83% de ejecución.
Rodríguez también instó a otras comunidades autónomas a unirse al pacto por la vivienda, enfatizando la importancia de esta oportunidad y el apoyo disponible del Gobierno central a las regiones aún no adheridas. Frente al aumento de precios en provincias como Guadalajara y Toledo, reconoció la complejidad del problema, señalando los esfuerzos del Gobierno para ofrecer soluciones que incluyan una oferta pública capaz de estabilizar el mercado.
La ministra mostró optimismo sobre el futuro de Castilla-La Mancha, destacando su crecimiento económico y el alineamiento del gobierno regional con los avances sociales. Confía en que los retos de acceso a la vivienda serán superados, consolidando este derecho después de superar la actual crisis.
En cuanto a acciones específicas, mencionó la reciente licitación de 154 viviendas en Guadalajara y un convenio para crear 156 en Aguas Vivas, aunque lamentó la reducción en el número inicial de viviendas planificadas. Hizo un llamado para aprovechar el suelo disponible y construir más viviendas asequibles, además de urgir a los ayuntamientos a agilizar las licencias de obra pública y mejorar el estado de las viviendas en áreas rurales.
Por último, Rodríguez destacó que se han canalizado más de 6,4 millones de euros para la compra de viviendas en municipios de menos de 10,000 habitantes, y más de 46 millones en ayudas para proyectos energéticos en localidades de menos de 5,000 habitantes, evidenciando un enfoque integral del Gobierno para abordar la problemática de la vivienda en España.
