Este martes, todas las asociaciones de jueces y fiscales, a excepción de las progresistas, han decidido mantener la huelga programada para los primeros días de julio en respuesta a las reformas propuestas por el Gobierno. Estas modificaciones afectarían el acceso a las carreras judicial y fiscal, además de adaptar la Fiscalía al futuro cambio que delega en los fiscales la responsabilidad de las investigaciones penales.
En un comunicado emitido por las cinco asociaciones convocantes—Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales—se ha explicado que la decisión de continuar con la huelga fue tomada tras una reunión con representantes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
El comité de huelga exigió la retirada del proyecto de ley que modificaría el acceso a las carreras judicial y fiscal. Además, solicitaron que la normativa se tramite por el cauce ordinario para asegurar un tratamiento minucioso y consensuado. Asimismo, rechazaron la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, argumentando que representaría un retroceso en la autonomía de la Fiscalía.
A pesar de estas demandas, las asociaciones señalaron la falta de disposición del Ministerio para modificar su proyecto y lamentaron la ausencia de un diálogo efectivo, además de cuestionar el reconocimiento del derecho de huelga para jueces y fiscales.
Las asociaciones han decidido continuar con las medidas de presión, incluyendo una concentración frente al Tribunal Supremo el próximo sábado y la huelga del 1 al 3 de julio, aunque mantienen abierto el canal de diálogo con el Ministerio.
Desde el Ministerio de Justicia, se ha calificado la reunión de «respetuosa y constructiva», afirmando que los temores de las asociaciones son infundados y subrayando la incertidumbre jurídica que supondría la huelga. Además, han anunciado que se remitirá un oficio al Consejo General del Poder Judicial para que se pronuncie sobre la legitimidad de esta convocatoria.
