La Policía Nacional ha desmantelado una sofisticada red criminal dedicada a estafar a migrantes en situación irregular en España, bajo el pretexto de gestionar trámites de residencia. La operación, culminada con éxito, ha permitido la detención de 12 individuos implicados en este entramado, que operaba en diversas provincias del país. La organización ofrecía falsos trámites de residencia, cobrando a sus víctimas hasta 8.000 euros, utilizando documentación manipulada para simular arraigos sociales, laborales y familiares. Además, llevaba a cabo la emisión de resguardos de protección internacional falsos, por los que las víctimas pagaban hasta 1.000 euros, creyendo erróneamente que se encontraban en proceso de regularización.
La investigación se inició en octubre de 2024 en Teruel, tras detectarse una solicitud de residencia con irregularidades. Esto llevó a la identificación de múltiples trámites fraudulentos en diferentes provincias, donde se descubrió que personas eran usadas como reagrupantes sin su consentimiento. La red contaba con una estructura organizada y se beneficiaba de la complicidad de un funcionario del ayuntamiento de un municipio de Toledo. Este funcionario alteraba registros oficiales y asesoraba sobre cómo crear arraigos y empadronamientos ficticios, dando un barniz de legalidad a las estafas.
Las víctimas, muchas de las cuales desconocían el marco legal español, eran captadas mediante promesas de regularización a través de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales. Los precios por estos supuestos servicios iban de los 3.000 a los 8.000 euros, dependiendo del trámite. Un método común de la estafa era la falsificación de resguardos de solicitud de protección internacional, vendidos como documentos válidos.
Los investigadores también identificaron que la organización proporcionaba asesoría fraudulenta sobre cómo actuar ante las autoridades para evitar la detección, incluyendo instrucciones sobre qué declarar. En total, se llevaron a cabo seis registros domiciliarios, resultando en detenciones en varias provincias: 5 en Guadalajara, 4 en Madrid, 2 en Toledo y 1 en Barcelona. Durante estas intervenciones, se incautaron 13.670 euros en efectivo, equipos electrónicos y una gran cantidad de documentación vinculada a las actividades delictivas.
