El Gobierno español ha excluido a Cataluña y Euskadi del reparto de menores migrantes no acompañados, en una medida que plantea un nuevo panorama en la gestión de la acogida de estos niños. En contraste, comunidades como Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana asumirán aproximadamente la mitad de los menores. Castilla-La Mancha también recibirá a 320 de ellos, según lo estipulado por el Ministerio de Juventud e Infancia.
Se estima que hasta 3.975 niños, niñas y adolescentes que actualmente están en Canarias, Ceuta y Melilla podrían ser trasladados, aunque estos números son considerados como un límite máximo. La efectiva cantidad de traslados dependerá de la capacidad de tramitación de las comunidades autónomas de origen.
Cataluña y Euskadi, tras años de esfuerzo considerable en la acogida de menores, no participarán inicialmente en este nuevo reparto. No obstante, Cataluña ha manifestado su intención de acoger de manera voluntaria a 31 menores, cifra similar a las campañas anteriores, lo que la colocaría al frente de las comunidades en términos de acogida finalizada.
El Ministerio ha agradecido la colaboración de las comunidades, destacando especialmente a Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana, que recibirán 677, 647 y 571 menores respectivamente. Estas cifras suman casi la mitad del total de menores a ser acogidos.
Otras regiones como Galicia, Aragón, La Rioja, Extremadura, y Cantabria también recibirán menores en diferentes proporciones, con Baleares acogiendo la menor cantidad, apenas 49 niños.
En el aspecto financiero, el Ministerio cubrirá los gastos de traslado y los costes de acogida por los primeros tres meses. Además, compensará a comunidades que afronten sobreocupación, siendo Canarias, Madrid y Andalucía las que recibirán mayores aportes económicos. Melilla y Cataluña serán las regiones con menor financiación.
El próximo martes 8 de julio se llevará a cabo una Comisión Sectorial para discutir los temas de la futura Conferencia Sectorial, mientras se trabaja en el Real Decreto de acogida. Sira Rego, responsable del departamento, ha señalado obstáculos en el proceso, citando un «bloqueo sistemático» por parte de algunas comunidades.
El criterio para los traslados considera el esfuerzo previo y la capacidad de los sistemas de acogida. Esto intenta corregir desigualdades históricas, asegurando que las plazas creadas en comunidades sean reflejadas en la nueva distribución.
