La Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (ANSITI) ha manifestado su descontento con el proceso de estabilización laboral implementado a partir de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, destinado a reducir la temporalidad en el empleo público en España. Según el comunicado de la organización, el proceso ha resultado ser un «rotundo fracaso», dejando a miles de interinos sumidos en la frustración y la inestabilidad laboral.
Lorenzo Campillo, presidente de ANSITI, ha señalado que aunque la ley tenía buenas intenciones, su ejecución durante cuatro años no ha sido efectiva para combatir la alta tasa de temporalidad, que alcanza el 40% en distintos sectores públicos. En particular, la situación en la Administración Local ha resultado ser «decepcionante».
El plan de convertir puestos interinos en plazas fijas ha sido limitado, afectando a casi la mitad de los interinos que ahora enfrentan precariedad laboral y la amenaza de ceses inminentes. Campillo afirmó que este proceso actúa más como un paliativo que perpetúa la falta de seguridad jurídica y laboral para los interinos que desempeñan roles esenciales.
Además, ANSITI destaca que, de los 1,033 candidatos que cumplían con criterios de abuso de temporalidad, solo se ofrecieron 563 plazas para estabilizar. Esto significa que un preocupante 46% de los aspirantes seguirá en una situación de abuso de temporalidad, a pesar de haber recibido más de 400 alegaciones para aumentar las plazas disponibles.
El presidente de ANSITI también ha indicado que este problema no solo tiene resonancia a nivel nacional, sino que también viola las directrices europeas en cuanto al empleo temporal. Comparando con otros países de la UE, los interinos españoles están claramente discriminados, y Campillo subraya la falta de aplicación de la Directiva europea de 1999 en España.
Conscientes de la necesidad de cambios fundamentales, ANSITI ha pedido al Gobierno que reconsideren los resultados del actual proceso de estabilización y escuchen las reivindicaciones de los interinos. Según Campillo, es crucial implementar medidas que aseguren la estabilidad laboral de estos profesionales esenciales para el correcto funcionamiento de la administración pública.
La organización sugiere una estabilización que incluya la conversión de plazas en fijas o indefinidas, permitiendo así reconocer la antigüedad y experiencia de los interinos. ANSITI también insiste en la necesidad de que los procesos de estabilización valoren adecuadamente la trayectoria de estos trabajadores y exigen medidas sancionadoras efectivas contra el abuso de temporalidad. Finalmente, solicitan una revisión normativa que prevenga futuros abusos en la contratación de personal interino, promoviendo soluciones que faciliten la consolidación rápida de plazas para aquellos que ya están enfrentando la temporalidad.
