El Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por seis gobiernos autonómicos en relación con el reparto de menores migrantes no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas. Los órganos demandantes incluyen al Consell de la Generalitat Valenciana, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Xunta de Galicia.
Los recursos cuestionan el real Decreto-ley 2/2025, que fue promulgado el 18 de marzo y establece medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia en situaciones migratorias excepcionales. Los seis gobiernos autonómicos argumentan que la normativa vulnera varios artículos de la Constitución, particularmente los artículos 81 y 86. Además, consideran que el decreto entra en conflicto con el orden constitucional en cuanto a la distribución de competencias y el principio de autonomía financiera, mencionado en el artículo 156 de la Constitución.
Es importante destacar que anteriormente, el Tribunal Constitucional ya había admitido otros recursos contra el mismo Decreto-ley presentados por la Comunidad de Madrid el 29 de abril, así como por el Gobierno de Aragón, el Gobierno de Cantabria, la Junta de Extremadura y la Región de Murcia el 27 de mayo. Esta serie de recursos señala un creciente desacuerdo entre las comunidades autónomas y el gobierno central sobre la gestión de los menores migrantes no acompañados en España.
Esta situación refleja un desafío en la coordinación entre el gobierno central y las comunidades autónomas para abordar la compleja situación de los menores migrantes, evidenciando la necesidad de un diálogo continuo para garantizar tanto el respeto del marco constitucional como la protección efectiva de los derechos de estos menores.
