La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha realizado un enérgico llamamiento al Gobierno central solicitando una financiación adecuada para la acogida de menores migrantes en la región. En una intervención en Guadalajara, García Torijano dejó claro que los recursos actuales son insuficientes, subrayando que un sistema de acogida efectivo no puede sustentarse con un presupuesto limitado a solo tres meses.
La consejera criticó la narrativa que sugiere la posibilidad de implementar un sistema eficiente en condiciones de recursos escasos. Declaró que sin los recursos adecuados, es imposible admitir a menores, y que la creación de estos recursos no es inmediata. Además, reafirmó su compromiso con el modelo de acogida de Castilla-La Mancha, destacando la necesidad de que el Ministerio de Infancia realice una inversión económica sustancial para respaldar esta misión.
García Torijano expresó la disposición de la comunidad autónoma para colaborar en la acogida de menores, siempre que se garanticen sus derechos. Sin embargo, señaló la insuficiencia del aporte gubernamental actual, ya que se requerirían más de 250 millones de euros para acoger a unos 4,000 menores, mientras que la contribución real asciende solo a 100 millones.
La consejera describió la relación financiera y la falta de acuerdo entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas como «difícil». Criticó que el Ministerio de Infancia aún no ha asignado los fondos necesarios para esta importante labor, insistiendo en que «los recortes no pueden ser parte de la solución».
García Torijano también mencionó la problemática de los traslados forzados de menores bajo el Real Decreto Ley, un enfoque que Castilla-La Mancha ha impugnado, ya que considera que no se deben mezclar situaciones ordinarias con extraordinarias. Respecto a las posiciones del partido Vox sobre migración, las calificó de «radicales» y abogó por alejarse de discursos de odio que generan desasosiego social.
La consejera reconoció la complicada situación en Canarias, resaltando la dificultad general para acoger migrantes. Aunque expresó su deseo de que Castilla-La Mancha colabore en la medida de lo posible, afirmó que tal cooperación no debe comprometer el sistema de protección existente en la región.
Finalmente, García Torijano denunció la falta de información por parte de las autoridades centrales sobre el proceso de acogida y los traslados de menores, previstos para comenzar entre finales de agosto y septiembre. En Castilla-La Mancha, se espera recibir a 320 menores en un año, lo cual resulta «imposible» en las condiciones actuales, dado que el sistema de protección ya opera cerca de su capacidad máxima con un 98% de ocupación.
