El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa, gracias al respaldo del PSOE y el Partido Popular, y en medio de la oposición de Vox. La iniciativa fue presentada por José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente primero, quien destacó el objetivo de modernizar y acercar la Administración regional a los ciudadanos.
La nueva ley está compuesta por seis títulos, 71 artículos y varias disposiciones adicionales y finales. Se articula en tres bloques principales. El primero busca simplificar los procedimientos administrativos, reduciendo plazos y armonizando informes. Entre sus novedades destaca el establecimiento del silencio estimatorio y la regulación de unidades administrativas de apoyo.
El segundo bloque presenta a las entidades colaboradoras de la Administración, que serán personas jurídicas autorizadas a realizar funciones de informe y certificación en los procedimientos. Aunque se les concede este papel, queda claro que no podrán ejercer autoridad. Esta medida pretende mejorar la eficiencia sin suplantar a los empleados públicos.
El tercer bloque aborda la administración digital, destacando el uso de herramientas tecnológicas como la Inteligencia Artificial para proporcionar mayor seguridad jurídica. Martínez Guijarro recalcó la importancia de un modelo administrativo que confíe más en los ciudadanos mientras se establecen las garantías necesarias.
El consenso entre PSOE y Partido Popular ha sido destacado por los socialistas, quienes critican la postura de Vox. Ángel Tomás Godoy, del PSOE, argumentó que la normativa responde tanto a los intereses de la ciudadanía como del empresariado, impulsando una Administración más ágil.
Por su parte, Vox, a través de Luis Juan Blázquez, atacó la ley argumentando que no aporta verdadera simplificación ni modernización. Blázquez denunció que se trata de un «maquillaje legislativo» que podría promover la privatización de servicios públicos, y propuso una auditoría para evaluar la eficacia administrativa.
Santiago Serrano, diputado del Grupo Popular, declaró que su apoyo no implica un cheque en blanco. Subrayó el mérito de haber incluido a los ayuntamientos en la aplicación de la ley y defendió que las entidades colaboradoras son un complemento, no un sustituto del personal público. Serrano resaltó las mejoras alcanzadas durante el proceso, destacando la responsabilidad en la oposición.
