El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una relevante reforma legislativa en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad y la atención a la dependencia. Se trata de un proyecto de ley que actualiza la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, así como la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
El Gobierno ha autorizado la distribución de 783,2 millones de euros entre las comunidades autónomas, destinada a potenciar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Castilla-La Mancha, por ejemplo, recibirá 40.189.491 euros para fortalecer su sistema de dependencia.
La reforma, que ahora pasará a discusión en el Congreso de los Diputados, ha sido calificada por el ministro Pablo Bustinduy como la acción más importante de esta legislatura. Bustinduy ha apelado a la unanimidad parlamentaria, señalando que un voto en contra afectaría directamente a 4,2 millones de personas con discapacidad y 1,6 millones en situación de dependencia.
Entre las principales modificaciones, destaca el reconocimiento automático del 33% de discapacidad para aquellos con grado I de Dependencia y la posibilidad para grados II y III de alcanzar un 65%. La iniciativa también busca eliminar barreras en el patrimonio cultural e histórico y eliminar incompatibilidades en prestaciones.
La reforma amplía el servicio de ayuda domiciliaria, permitiendo que los cuidadores acompañen a los beneficiarios en actividades externas. La teleasistencia se convierte en un derecho universal, que debe combinarse con otros apoyos. Nuevos servicios incluyen cuidados en viviendas compartidas y asistencia personal.
Se otorgan mayores derechos a los usuarios, como la opción de elegir sus servicios y el derecho a ser atendidos sin sujeciones. Además, se garantiza que las prestaciones económicas continúen hasta el fin del mes del fallecimiento del beneficiario, en reconocimiento al trabajo de los cuidadores.
Para mejorar la calidad de la atención, se busca dignificar las condiciones laborales de los trabajadores del sector y se estima la necesidad de 260.000 trabajadores adicionales para 2030. Se agilizarán los trámites de revisión de Programas Individuales de Atención y se establece un procedimiento de urgencia para situaciones vulnerables.
La reforma también pone en el centro la accesibilidad universal, desarrollando el nuevo Artículo 49 de la Constitución Española. Se anticipa un Programa Estatal para adecuaciones, como rampas y tecnologías de apoyo. La Ley de Propiedad Horizontal se modificará para facilitar ayudas a la accesibilidad en edificios, y las Juntas Arbitrales de Consumo se enfocarán en mejorar el acceso universal a servicios públicos.
Con estas medidas, el Gobierno busca asegurar una atención integral y digna para las personas con discapacidad y en situación de dependencia, promoviendo su inclusión efectiva en la sociedad.
