El Gobierno de Castilla-La Mancha ha alzado la voz ante la urgente necesidad de financiación adecuada para la acogida de menores migrantes, advirtiendo contra la implementación de políticas de bajo coste en un tema tan delicado. Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social de la región, expresó estas preocupaciones tras la fallida conferencia sectorial de Infancia, que no pudo celebrarse al faltar el quórum necesario por la ausencia de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, salvo Ceuta.
García Torijano señaló que la ministra Sira Rego tiene previsto presentar nuevamente el Real Decreto-ley 2/2025 ante el Congreso de los Diputados el próximo 26 de agosto. Este decreto pretende implementar medidas urgentes que aseguren el bienestar de la infancia y adolescencia en situaciones migratorias extraordinarias.
La consejera detalló que para acoger a los casi 4.000 menores vulnerables en Canarias y Ceuta se requerirían unos 250 millones de euros. Sin embargo, las autoridades competentes han solicitado únicamente 100 millones de euros al Ministerio de Hacienda. Con esta cantidad, Castilla-La Mancha recibiría un aproximado de 4 millones de euros para atender a 320 menores, lo que representa un coste diario por menor de 35,75 euros. Esta cifra dista significativamente de los 145 euros diarios que se manejaban en los planes anteriores con el ministerio.
García Torijano destacó las dificultades de enfrentar la situación con una reducción del 80% en la financiación. La consejera insistió en la importancia de la igualdad de derechos y necesidades para todos los menores, independientemente de su estatus migratorio, enfatizando que todos merecen el mismo nivel de atención y cuidado.
