En un acalorado debate en las Cortes de Castilla-La Mancha, el Partido Popular (PP) y Vox han lanzado varias propuestas en contra de la acogida de menores migrantes no acompañados en la región. La discusión giró en torno a preocupaciones de seguridad y la gestión de la inmigración, intensificándose con un intercambio de acusaciones entre los distintos grupos políticos.
David Moreno, presidente del Grupo Vox, inició el debate refiriéndose a dos recientes violaciones en Madrid cometidas por inmigrantes, argumentando que estos incidentes justifican su postura contraria a la política migratoria actual del Gobierno. «Hay miedo, inseguridad y degradación generalizada en los barrios por la desidia de las instituciones», dijo Moreno, abogando por la deportación de inmigrantes y criticando la solicitud del presidente regional, Emiliano García-Page, de 400 millones de euros para la financiación del proceso de acogida.
Moreno también exigió explicaciones a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García, sobre las condiciones y destinos propuestos para los menores, y abogó por rechazar la propuesta de acogida del Gobierno central. Las sugerencias de Vox incluyen un plan de repatriación de menores, eliminación de ayudas a inmigrantes irregulares, cierre de centros de acogida y la creación de medidas para evitar que inmigrantes irregulares se empadronen.
La situación se tensó aún más cuando Moreno acusó al Gobierno de ser responsable de delitos cometidos por migrantes irregulares, una afirmación considerada por el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, como una extralimitación de la actividad parlamentaria, pero Moreno se mantuvo firme.
El diputado del PP, José Antonio Martín-Buro, calificó el plan del Gobierno de España como «una extorsión», exigiendo una actualización del protocolo de acogida, estancado desde 2017, y proponiendo un reparto equitativo de recursos y mecanismos de reunificación familiar.
El diputado socialista José Antonio Contreras respondió a las acusaciones calificándolas de «pirómanas» y alertando sobre el daño de promover odio hacia la inmigración. Destacó ejemplos de integración, como en Villamalea, y recordó la tragedia del niño sirio Aylan Kurdi para subrayar la urgencia de recursos para quienes huyen de conflictos.
Bárbara García, consejera de Bienestar, refutó los datos de criminalidad presentados por Vox como «falsos» y reafirmó el compromiso de Castilla-La Mancha con los derechos humanos. La intervención socialista defendió la colaboración con el Gobierno central para asegurar fondos para la acogida y fomentar la integración de inmigrantes, renovando su compromiso contra el racismo y a favor de la cooperación internacional.
