El Partido Popular de Quintanar del Rey ha informado sobre la sentencia de la Audiencia Provincial de Cuenca, que ha condenado al exalcalde socialista Martín Cebrián por un delito de prevaricación administrativa. Según el fallo, Cebrián es declarado «autor penalmente responsable» y se le impone una pena de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público, además de afectar su derecho de sufragio pasivo. También deberá cubrir un tercio de las costas del juicio, incluidas las de la acusación particular.
Este caso se originó en abril de 2021, cuando José Talaya, entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento, presentó una querella contra Cebrián. La Audiencia concluyó que el exalcalde, consciente de estar fuera del marco legal para la contratación de obras, pactó con la empresa TECESA SLU un contrato por 75.151,89 euros para transformar el pabellón ‘Santa Lucía’ en Auditorio. Adicionalmente, Cebrián autorizó verbalmente al contratista a realizar modificaciones adicionales por 36.515,34 euros sin ningún tipo de supervisión técnica ni documentación adecuada.
La sentencia subraya que estos hechos no son «una mera irregularidad», resaltando la experiencia de Cebrián, quien había sido alcalde por ocho años antes de su mandato más reciente, que terminó en 2023. Durante el período de los hechos, su experiencia previa como alcalde entre 2007 y 2015 ya era significativa.
El PP ha señalado la contundencia del fallo judicial, describiendo la adjudicación verbal de un exceso de obra por más de 35.000 euros como una «cacicada» o «dedazo». Términos empleados en la sentencia, como «esperpéntica, clamorosa o grosera», recordaron al Tribunal Supremo en otras decisiones.
Por otro lado, la Audiencia decidió absolver a la exconcejal Francisca Cebrián Navarro y al actual teniente de alcalde, Jesús García Ruíz, a pesar de que ambos votaron a favor de la tercera certificación de obra. No se hallaron pruebas de que actuaran en complicidad con Cebrián.
En el inicio del juicio oral el año pasado, José Talaya reafirmó su confianza en la Justicia, apuntando a que este proceso debía ser un punto de reflexión en la administración de Quintanar. Sostuvo que «nadie está por encima de la ley» y que los funcionarios públicos deben actuar como ejemplo para la comunidad.
