Comprar una vivienda en Castilla-La Mancha se ha vuelto un desafío considerable, no solo por el aumento de los precios en provincias como Toledo, Cuenca, Albacete, Guadalajara y Ciudad Real, sino también por la carga impositiva que acompaña cada transacción inmobiliaria. Según estudios recientes, alrededor del 20 % del precio final de una vivienda se destina a impuestos, elevando significativamente el costo para los compradores.
Por ejemplo, un piso de 150.000 euros en Ciudad Real puede encarecerse en unos 30.000 euros solo por impuestos y tasas, marcando una gran diferencia al acceder a una hipoteca o cubrir los gastos iniciales de la compra.
Castilla-La Mancha se sitúa entre las regiones con mayor presión fiscal sobre viviendas de segunda mano. La Junta de Comunidades aplica un Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) del 9 % y Actos Jurídicos Documentados (AJD) de 1,25 %, cifras que destacan entre las más altas de España. Para un piso de 120.000 euros en Cuenca, esto implica unos 12.300 euros adicionales solo en impuestos, sin contar otros gastos como notaría o gestoría. En Guadalajara y Toledo, la proximidad a Madrid ha incrementado los precios, haciendo que la carga fiscal sea un obstáculo mayor para los jóvenes que buscan independencia.
El encarecimiento fiscal se da en un contexto de salarios ajustados y escasez de vivienda pública. Según el Consejo de la Juventud de España, más del 42 % de los jóvenes castellanomanchegos menores de 30 años aseguran no poder emanciparse por razones económicas. Comprar una vivienda supone, en promedio, un esfuerzo de más de 7 años de salario bruto completo, superando la recomendación internacional de 4 años.
Comparado con países vecinos, la carga fiscal sobre la vivienda en España y especialmente en Castilla-La Mancha sobresale. En Portugal, el impuesto de transmisiones raramente supera el 6 %, en Francia se sitúa alrededor del 5,8 %, y en Italia, la compra de primera residencia paga solo el 2 %. Esto posiciona a España como uno de los países de la OCDE que más grava la compraventa de viviendas, solo detrás de Bélgica y Reino Unido.
El desafío político radica en encontrar un equilibrio entre la necesidad de recaudar y facilitar el acceso a la vivienda. Los impuestos relacionados con la vivienda son fundamentales para la financiación del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. En Castilla-La Mancha, una gran parte de la recaudación autonómica proviene del ITP y del AJD. Reducir estas tasas podría abaratar el acceso a la vivienda, pero también impactaría negativamente en las finanzas públicas regionales.
Las preguntas frecuentes sobre este tema destacan la carga impositiva, las provincias más afectadas y la demanda de un ajuste fiscal que hasta ahora no se contempla por el impacto que tendría en la recaudación.
Fuentes: Instituto de Estudios Económicos (IEE), Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Consejo de la Juventud de España, OCDE, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
