El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo ha manifestado su preocupación por el actual método de control de los contratos municipales, centrándose en el hecho de que las empresas adjudicatarias son las que eligen a las auditorías externas encargadas de supervisarlas. Txema Fernández, portavoz de Izquierda Unida, ha propuesto que una comisión independiente sea la encargada de esta labor de control.
Fernández ha expresado sus reservas sobre la imparcialidad de un sistema donde las empresas supervisadas tienen la potestad de seleccionar por sí mismas a las auditorías. «Nos preocupa que el control no sea tan efectivo como debería para garantizar la calidad del servicio», ha afirmado, subrayando la importancia de asegurar objetividad y seguridad, especialmente dado que los contratos de servicios públicos constituyen casi la mitad del presupuesto municipal.
El concejal de IU recordó que ya en un pleno municipal de 2019 se había aprobado la creación de una comisión conformada por representantes de empresas, trabajadores, técnicos municipales y miembros de los partidos políticos, destinada a evaluar el cumplimiento de los contratos. Actualmente, contratos significativos como los de parques y jardines, depuración de agua, mantenimiento de edificios, colegios y limpieza viaria, operan bajo el método que Izquierda Unida critica.
Una de las preocupaciones destacadas por Fernández es la posibilidad de que este procedimiento genere irregularidades. Citó el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras como ejemplo, el cual fue adjudicado por un valor inferior al recomendado por los técnicos municipales. Este contrato califica como falta grave el que parte de la plantilla realice labores en otros municipios, lo que complicaría la supervisión que debería estar exclusivamente a cargo del Ayuntamiento, en lugar de empresas vinculadas a la adjudicataria.
Fernández también alertó sobre el riesgo de que personal asignado al contrato de Toledo sea utilizado para trabajos en otros lugares, lo que beneficiaría a la empresa adjudicataria. Otro caso que mencionó es el contrato de depuración de agua, adjudicado a Aqualia por un valor significativamente inferior al recomendado, y cuyo proceso de auditoría fue objeto de críticas debido a que la empresa misma propuso al auditor que supervisaría su cumplimiento.
Con un costo anual de 20.000 euros para la auditoría externa, Fernández cuestionó la imparcialidad de estos informes, considerando que la empresa tiene participación directa en la elección del auditor. Esta situación ha llevado a Izquierda Unida a pedir al equipo de Gobierno que evalúe un modelo de control más eficiente y transparente.
